JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
Por considerarlo violatorio del derecho constitucional a
la vida y un "crimen contra un ser humano inocente e indefenso",
la Conferencia Episcopal rechazó la despenalización
del aborto contenida en el proyecto de Código Penal aprobado
el pasado 22 de septiembre por la Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) y solicitó al Parlamento que
no lo apruebe.
En comunicado de prensa, la Comisión de Doctrina de
la asociación de obispos advierte que "interrumpir
voluntariamente la gestión de una vida humana a través
del aborto provocado, en cualquiera de sus formas, equivale
a negar a una persona o ciudadano su primer derecho humano:
el derecho a existir, a vivir".
La instancia integrada por los obispos Freddy Fuenmayor
(Cabimas), Vicente Hernández (Trujillo) y Georges
Kahhale (exarca apostólico de los Griegos Melkitas)
le recuerda a los promotores de esta propuesta que "las
leyes de una nación están llamadas a manifestar,
promover y defender los valores en los que se fundamenta
la convivencia social (...) La despenalización o
legalización del aborto provocado significaría
el abandono de un valor ético fundamental en todo
ordenamiento jurídico y en toda convivencia social".
En el comunicado, los jerarcas de la Iglesia católica
reiteran que "desde el momento de su concepción
en el vientre materno, la vida humana debe ser reconocida
y protegida en la dignidad y en los derechos inherentes
a la persona que está por manifestarse en ella".
Tras solicitarle a los diputados a la Asamblea Nacional
que descarten esa proposición, los integrantes
de la Comisión de Doctrina de la CEV exhortan
a todos los ciudadanos, sin importar su creencia o
posición política, que expresen "activamente
su rechazo a la propuesta de despenalizar el aborto".
La misma petición le hacen a las organizaciones
defensoras de los derechos humanos.
Resurge la polémica
El debate en torno de la legalización del aborto no
es nuevo. Durante las deliberaciones de la Asamblea
Nacional Constituyente el tema se tocó y, al
igual que ahora, la Iglesia católica mostró
su más enérgico rechazo a la proposición,
la cual terminó no siendo incluida en la Constitución
de 1999.
Sin embargo, el tema no quedó zanjado allí,
pues a principios de este año, el presidente
de la Sala Penal del TSJ, magistrado Alejandro
Angulo Fontiveros, encendió nuevamente el
debate al presentar el anteproyecto de Código
Penal que había redactado, junto a 22 juristas
más, en el cual no sólo se remueve de
la lista de delitos a la interrupción del
embarazo, sino también a la eutanasia, mejor
conocida como "suicidio asistido".
El texto fue aprobado en la última sesión
de la Sala Plena, pese a las objeciones realizadas
por varios magistrados, entre ellas, las del
propio presidente del TSJ.
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