ALEJANDRA M. HERNANDEZ F.

EL UNIVERSAL

Pasada la media noche y luego de varias horas de deliberaciones, el Tribunal Segundo de Juicio del Estado Táchira, encontró culpables por el delito de rebelión civil en grado de cooperación, a ocho de los nueve acusados por los hechos sucedidos el 12 de abril de 2002 en la sede de la Gobernación de la entidad.

El juzgado Mixto (con dos escabinos), presidido por el juez Gerson Niño, condenó a seis años de prisión a Saúl Lozano, Orlando Pantaleón y Dany Ramírez por la presunta comisión del delito de rebelión civil en la modalidad de cooperación inmediata, mientras que Elsy de Peña, Jacobo Sopelano, José Neira Celis, William Forero y Omar Guillén fueron sentenciados a permanecer tres años tras las rejas por su participación en los hechos en grado de cooperación simple.

El único que se libró de recibir una pena fue Wilfredo Tovar, quien quedó inmediatamente en libertad.

Al conocer la decisión, los abogados defensores solicitaron al juez Niño una medida cautelar sustitutiva a los fines de que los condenados pudieran cumplir su pena en libertad, mientras se realizan los trámites para apelar del fallo.

Alrededor de la una de la madrugada, el juzgado admitió la petición de la defensa, pero solo en el caso de las cinco personas sentenciadas a tres años de prisión. Sin embargo, para que la medida sea procedente, cada uno de los solicitantes deberá presentar dos fiadores. Una vez cumplida esta exigencia, los detenidos quedarán sometidos a régimen de presentación ante el Tribunal. Asimismo, se les decretará prohibición de salida del país. Mientras tanto, deberán permanecer recluidos, junto a los otros tres condenados, en la cárcel de Santa Ana.  

Cabe destacar que el juez Niño rechazó la acusación de exitación a rebelión que desde un principio había sido presentada por los fiscales del Ministerio Público José Benigno Rojas, Jairo Escalante y Violeta Infante.

Vale la pena señalar que la decisión se produjo pasada la medianoche, porque una falla en el suministro de energía eléctrica retrasó la última audiencia que debía realizarse en este caso. Esta situación obligó al juez de la causa a solicitar la búsqueda de una planta de gasolina para garantizar la continuidad del proceso contra los acusados.   

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