ANGEL OROPEZA

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

La situación se ha vuelto insostenible. No se puede seguir intentando tapar el Sol con un dedo. Ya son más de 10 violaciones precisas a la ley por parte del CNE. Si para el 15 de agosto las condiciones nos parecían injustas, ahora son, además, delictuales, pues están en franco desacato a lo que la ley impone. No se trata sólo de las migraciones fraudulentas de electores, y la negación permanente del escrutinio público.

Existen más de 1,8 millones de "cédulas" que votan, pero sin posibilidad de saber a qué personas pertenecen. Incluso el Centro Carter, en su "Informe Comprensivo" del pasado 29 de septiembre, señala , en el punto tercero, que no es posible que se celebren en Venezuela nuevas elecciones hasta tanto una auditoria externa e independiente del REP se haya completado y sus múltiples problemas hayan sido resueltos.

El mismo Jorge Rodríguez asegura que "sólo" 700.000 electores aparecen en el REP sin domicilio específico, afirmando con cinismo que "95,48% de los electores inscritos presentan en el campo de la dirección de domicilio su dirección de estado, municipio y parroquia", cuando la verdad es que el numeral 3 del artículo 95 de la Ley del Sufragio, aprobada en 1998, exige que se especifique "la residencia del elector con todos los detalles de su ubicación exacta", lo que ciertamente va mucho mas allá de decir el estado o el municipio en que se habita. Uno se pregunta entonces: si de verdad estas cedulas corresponden a personas reales ¿qué criterio se siguió para asignarlas al centro "mas cercano a su residencia", si la única referencia _cuando la hay_ es tan vaga?

Vuelve a ocultar Rodríguez el delito en el que está incurriendo el CNE, cuando acusa hipócritamente que también en el pasado existían electores sin dirección. Una vez más, el discurso de los cínicos: no me puedes criticar que sea corrupto, porque antes también había corrupción. Sin embargo, las mentiras siempre tienen las patas cortas, la ley anterior a 1998 no exigía la dirección exacta, mientras la de ahora sí.

Ante tanta corrupción y juego sucio por parte del CNE, se impone una respuesta.

Es un falso dilema plantearse como alternativa abstenerse o votar. Dadas tanto las características del régimen como las condiciones impuestas por el CNE, ninguna de las dos es válida. Porque sea que se abstenga o que acuda a votar, ya usted perdió. Su voluntad ya ha sido burlada. Por eso el asunto va mucho mas allá del dilema electoral entre votar o no. El problema es de una profunda naturaleza política, y no puede ser respondido sólo con soluciones o respuestas electorales. Se trata de discutir acciones políticas efectivas y de impacto en defensa de la gente. En este sentido, la nueva bandera de lucha de los demócratas debe ser exigir, a través de todos los medios, la suspensión del proceso por inviable y por corrupto.

La bondad de esta propuesta es que ella sí se constituye en una razón convincente y seductora para convocar gigantescas manifestaciones populares por toda Venezuela, porque allí se congregarían tanto los que prefieren abstenerse como los que sienten que van obligados a votar sin la mas mínima de las condiciones. Y evita los dos grandes riesgos de la abstención proclamada desde ahora: uno, que retirarnos todos en este momento le permitiría al CNE desmontar antes del 31 la estructura del fraude. El otro, el riesgo que la abstención se convierta en el primer paso de una conducta colectiva de autoinhibición y resignación políticas. Hay que evitar que la abstención sea el primer paso para que se instale en Venezuela el conformismo como la máxima expresión de protesta.

Se trata no de huir o ceder, sino de participar activamente en el evento del 31 de octubre, enfocando la lucha hacia la modificación de la podrida estructura fraudulenta, y exigiendo la suspensión del proceso. ¿Que pasará al final? ¿Terminaremos votando o absteniéndonos? Creo que la respuesta más inteligente y más políticamente digna es la que surja después de haber dado esa batalla.