EUGENIO MARTINEZ
EL UNIVERSAL
Por ser un hecho notorio y comunicacional, el directorio
del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió sustanciar
el expediente por violaciones a las Normas de Publicidad y Propaganda
de los comicios regionales contra el presidente de la República.
Jorge Rodríguez, presidente de la Junta Nacional Electoral
(JNE), explicó que las investigaciones alcanzarán
_sin indicar sus nombres_ a varios de los aspirantes a cargos
de elección popular y medios de comunicación audiovisuales
e impresos.
En la mayoría de los casos los actores políticos
_incluido el Presidente_ y medios de comunicación han
incumplido _según la óptica del directorio del
CNE_el artículo 8 de las Normas de Publicidad y Propaganda
donde se prohíbe mensajes electorales que atenten "contra
la honra, privacidad, dignidad o reputación de las
personas (...) promuevan la exaltación del odio nacional,
racial y religioso (...) inciten a la violencia contra cualquier
persona o grupo de personas y promueva la desobediencia
a las leyes".
Para el presidente de la JNE, merecen especial atención
las violaciones al numeral 8 del referido artículo
de las Normas de Publicidad y Propaganda, donde se indica
que están prohibidos los mensajes que contengan "expresiones
obscenas, denigrantes e irrespetuosas contra los órganos
del Poder Público (...) En particular, queda prohibida
la difusión de cualquier publicidad, programa u opinión
a través de los medios regulados en las presentes
Normas que tenga por objeto promover el irrespeto del
árbitro electoral o que signifiquen ataques personales
a la honra y reputación de los rectores del CNE o
de los funcionarios públicos del organismo electoral".
Los expedientes por violaciones a las Normas de Publicidad
y Propaganda, serán elaborados por el presidente
del CNE _y de la Comisión de Participación
Política_ Francisco Carrasquero. Aunque las normas
de funcionamiento del directorio y de los organismos
subordinados no imponen tiempo para resolver este tipo
de investigación, el presidente de la JNE confía
en resolver los casos estudiados en las próximas
horas.
En el supuesto de que los rectores consideren que
el Primer Mandatario Nacional violó las normas
de publicidad y propaganda durante la transmisión
del último programa Aló, Presidente _donde
criticó fuertemente al gobernador del Estado
Zulia, Manuel Rosales_ deberá cancelar _a título
personal_ el equivalente a 500 unidades tributarias
(12.350.000 bolívares).
La decisión de investigar a Chávez se
tomó cuatro horas después que la presidenta
de la Comisión de Registro Civil y Electoral,
Sobella Mejías, solicitara _en rueda de prensa_
al resto de los rectores del CNE evitar la complicidad
con el presidente de la República y proceder
a sancionarlo económicamente por las reiteradas
violaciones a los artículos 16 y 210 de la
Ley Orgánica de la Lospp y el artículo
8 de las Normas de Publicidad y Propaganda.
En su comparecencia ante los medios de comunicación,
Mejías acusó a los rectores Carrasquero,
Rodríguez y Battaglini de ser cómplices
de las actuaciones del Presidente, por no condenar
públicamente su conducta.
En una respuesta inmediata _antes de aprobarse
la sustanciación del expediente contra
Hugo Chávez_ Battaglini aseguró que
las opiniones de Mejías "no tienen ningún
fundamento, hemos actuado sujetándonos
de manera irrestricta al pliego normativo de
la ley. Hasta ahora el CNE no ha recibido una
sola prueba sobre las aseveraciones de la rectora".
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