TERESA DE VINCENZO

EL UNIVERSAL

Dueños de medios, abogados, profesores y diputados de oposición debatieron junto a representantes de la SIP, sobre los "objetivos perversos" del instrumento legal, el riesgo de la censura previa, el adoctrinamiento infantil y adolescente, "la discrecionalidad" de los encargados de aplicar la normativa, las "contribuciones parafiscales" a las que obliga, las reducciones del tiempo de propaganda y la "intervención total del Estado en materia de libertad de expresión".

Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la SIP, fungió como maestro de ceremonias del evento, cuya apertura estuvo a cargo del presidente de ese organismo, Alejandro Miró Quesada.

Miró afirmó haberle hecho seguimiento a la "accidentada" aprobación de la ley en cuestión y señaló que la ambigüedad, "generalmente abre las puertas para que los gobiernos controlen los contenidos y escondan triquiñuelas". A su juicio, es necesario defender el derecho a estar informado para que la sociedad pueda regular su destino.

Para Miró la Ley Resorte "no conviene a nadie, porque, incluso, los funcionarios gubernamentales quedarán desinformados".

David Natera, presidente del Bloque de Prensa Venezolano (BPV), afirmó que en el país se está desarrollando un proceso para doblegar la voluntad de los ciudadanos y mencionó que el diario El Comercio de Lima, propiedad de Miró, "sufrió los embates del régimen de Fujimori y sobrevivió".

"Nuestros valores no serán negociados. El Gobierno no podrá pasar por encima de la voluntad nacional en su intento de controlar los medios, apuntó Natera tras agradecer a la SIP su apoyo al caso venezolano.

Por su parte, Sergio Muñoz, presidente de la Comisión de Chapultepec de la SIP y miembro del Consejo Editorial de Los Angeles Times, afirmó que ninguna ley o acto de gobierno debe limitar la libertad de expresión y de prensa, "porque sólo es posible avanzar en el logro de la justicia social en libertad".

Panel 1: amenazas

El abogado Asdrúbal Aguiar, el diputado Gerardo Blyde y la profesora Gloria Cuenca, integraron el primer grupo de debate, que detalló "las amenazas" contenidas en el instrumento legal. Aguiar inició su disertación preguntándose por qué la ONU y la OEA no se han pronunciado sobre el tema hasta la fecha.

En su opinión, la gravedad de la ley radica en "los amplísimos márgenes de discrecionalidad" que tienen los responsables de regular los contenidos. Por ejemplo, cuestionó que se beneficie a los productores independientes que clasifiquen como tales ante Conatel y que los funcionarios reguladores puedan suspender cualquier programa que violente lo establecido "sólo por considerar que atenta contra la seguridad nacional".

Apuntó que además de socavar el funcionamiento de los medios, "liquida el pluralismo educativo y anula a quienes no piensen en términos compatibles con la revolución".

El parlamentario Gerardo Blyde (Primero Justicia), dijo que las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela "se montaron" en la Asamblea Nacional con la Ley de Contenido y la reforma parcial al Código Penal. A su juicio, todo ello configura una "institucionalidad tomada", con el objetivo de callar a los periodistas.

Se preguntó Blyde quién va a pagar las multas que Conatel les imponga a los medios del Estado, "si acaso son multados" y afirmó que lo que se propone la ley es "quebrar a los medios" a través de las contribuciones parafiscales, las multas, la reducción del tiempo de las propagandas y la regulación de las inserciones.

Para la docente Gloria Cuenca, la peor característica de la ley es que "estimula la autocensura y genera miedo de perder el trabajo y hasta la vida. Será muy fácil quebrar a una emisora pequeña con tres multas".

Aseguró que el hecho noticioso, que es la esencia del periodismo informativo, será eliminado "para darles paso a las noticias del régimen".

Panel 2: buscando garantías

El penalista Alberto Arteaga, el empresario Marcel Granier y Jorge Santiestevan, ex defensor del pueblo en Perú, conformaron el segundo grupo de debate.

Arteaga se refirió a la reforma parcial del Código Penal y a los peligros que entraña para el ejercicio del periodismo escrito al penalizar la opinión, el desacato y la disidencia política. Dijo que con ambos instrumentos legales se configura el cerco legislativo a la libertad de expresión y a la autonomía jurídica.

Marcel Granier, presidente de RCTV, criticó el "poder extorsionador" que la Ley de Contenido consagra en los funcionarios de Conatel, la "arbitrariedad de imponer horarios para las noticias", que las estaciones pierdan la capacidad de programarse por "la dictadura de las cadenas" y que de hoy en adelante la información veraz sea "la oficial".

A Santiestevan, uno de los factores que le parecen más delicados es que sea una autoridad administrativa y no un juez quien defina el cumplimiento de la normativa.

Su recomendación, en correspondencia con la aplicada en su país durante el gobierno de Fujimori, es "usar todos los recursos de la legalidad interna y externa para revertir esta situación". Sugirió analizar cómo se puede aplicar la Carta Democrática y acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.