MAYELA ARMAS H.
EL UNIVERSAL
En diciembre de 2002, se aprobó la Ley Orgánica
de Seguridad Social, dos años y medio después apenas
han recibido el visto bueno del Parlamento dos de los seis regímenes
prestacionales y los medulares salud y pensiones aún se
encuentran en la fase de revisión sin perspectivas de discusión.
La Comisión de Desarrollo Social Integral encargada
de la redacción de los textos de los esquemas especiales
apenas en este primer semestre del año comenzó a
enviar algunos informes para la segunda discusión, por
ello en marzo se autorizó la Ley del Régimen Prestacional
de Vivienda y Hábitat y en junio, la Ley de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Este mes se inició la revisión de la Ley del
Régimen de Servicios Sociales al Adulto Mayor y en
las próximas semanas se remitiría la Ley de Empleo.
Pero los marcos para las áreas de salud y pensiones
permanecen en la comisión, debido a que todavía
no se logra el consenso sobre los esquemas más adecuados.
Divergencias
La Ley del Régimen Prestacional de Salud tuvo su visto
bueno en primera discusión en noviembre de 2004,
de manera que ya han pasado siete meses de ello y aún
no hay acuerdo.
La Ley de Seguridad Social establece la constitución
de una sistema público nacional de salud mediante
el cual se integran todas las estructuras, programas
y servicios que se sostienen con recursos fiscales
y parafiscales, pero manteniendo en parte el esquema
de descentralización. La integración consiste
básicamente en notificar las acciones ante el
ministerio competente.
Sin embargo, hace unos meses el bloque oficialista
de la Comisión presentó una propuesta
de marco, en el cual se constituye un Instituto
Nacional de Asistencia Médica que se encargará
de "administrar los servicios y centros de salud
previamente transferidos a los estados y municipios
y revertidos al Ejecutivo".
Mediante esa propuesta se vuelve a un esquema
de centralización de todo el sector salud,
el instituto además se encargaría de
administrar los centros de atención médica
que transfiera el ministerio, entre otras funciones.
El peso del esquema lo asumirá totalmente
el fisco, pero los trabajadores igual tendrían
que aportar 6,25% de su salario.
La propuesta generó diferencias entre
los miembros de la Comisión, por lo cual
la discusión se mantiene. Para cesar las
divergencias el despacho de Salud tenía
previsto enviar un proyecto de régimen
prestacional, pero éste no ha sido consignado.
Incidencias
Al igual que el texto del esquema de salud, la Ley del Régimen
Prestacional de Pensiones también está
demorada. La propuesta ni siquiera ha sido
enviada para su primera discusión,
con lo cual no está claro el modelo
que regulará el retiro de los trabajadores.
Según la Ley de Seguridad Social,
los empleados tienen que cotizar a un
esquema de aseguramiento colectivo (aportes
en un pote) que será administrado
por el Estado y de manera voluntaria pueden
afiliarse a los planes complementarios
tanto del sector privado como del público.
Esa decisión de que el régimen
sea administrado por el Estado ha generado
diferencias entre los miembros de la
Comisión, dado el costo que implica
para el Gobierno asumir la totalidad
del esquema de pensiones más el
período de transición cuyo
gasto es elevado. De hecho las estimaciones
del despacho de finanzas cuando se aprobó
la Ley de Seguridad Social en el 2002
indicaban que sólo las pensiones
tenían un impacto de 4,6% del PIB.
A pesar de las divergencias los asesores
de la instancia parlamentaria consignaron
una propuesta de ley en mayo a fin
de que fuera revisada. En el anteproyecto
se equipara la edad de retiro de las
mujeres con la de las hombres, eso
significa que para solicitar la pensión
se requerirá haber cumplido los
60 años.
Se añade que a partir del
sexto año de entrada en vigencia
de la ley aumentará en un año
la edad para el retiro y en 12 meses
la cotización por año.
Para estimar la pensión
se fija un parámetro de cálculo
sobre el promedio de los salarios.
El monto resultará de sumar
los porcentajes de: reconocimiento
del esfuerzo contributivo (años
de cotización) y el aporte
solidario de las personas de mayores
ingresos hacia aquellas con menores
ingresos. El número mínimo
de años de cotización
será 30.
En la propuesta se permite
que los trabajadores independientes
y los cooperativistas se afilien
al régimen y realicen sus
contribuciones. Dentro de los
análisis se ha manejado
que una parte del aporte sea
asumida por el Estado. La contribución
al esquema total será 14%
del salario.
Pero este esquema continúa
en revisión y sin consenso.
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