En un documento elaborado por Angel Navas y Joaquín Osorio, señalan que "mientras duró la incipiente cogestión, se respondió con mayor eficiencia al sostenimiento del servicio eléctrico del país, a la recaudación, al manejo de los recursos y a otros procesos intrínsecos de la empresa".

Pero con "la existencia de cuadros medios y gerenciales enemigos del proceso revolucionario, que asumen posiciones de indolencia y entorpeciendo a los procesos administrativos y técnicos", los avances se han detenido. Incluso, advierten que, "desde los altos niveles de la empresa y desde el Ministerio de Energía y Petróleo (MEP) se está desarrollando un plan de liquidación de la dirigencia bolivariana, mayoritaria en Fetraelec (impulsora de la cogestión), a fin de eliminar el último obstáculo que resiste su plan de apropiación de la industria eléctrica y de Cadafe".

Argumentan los dirigentes sindicales que "sin reconocer que existen problemas, no habrá posibilidades de resolverlos. Las autoridades del sector eléctrico han asumido la actitud del avestruz, escondiendo la cabeza para reconocer una realidad que todo usuario de este servicio puede constatar a diario. En su lugar pretenden explicar los 4 mil apagones que llevamos en el año, el racionamiento del servicio en 9 estados y el resto de las situaciones graves que viven las empresas del sector".

Precisan los sindicalistas Navas y Osorio que si bien "la revolución detuvo el proceso de privatización _que llevó a la desinversión acumulada_ no se ha completado esta acción nacionalista con una política de Estado integral y estructural en relación con el sector eléctrico".

Temas pendientes
Sugieren los representantes laborales la necesidad de declarar al sector eléctrico como materia de prioridad nacional. De esta manera "se podrían asumir medidads inmediatas ante la grave crisis en las áreas de transmisión y distribución". Y aprobar paralelamente la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (Lose), "donde quede claro el carácter estratégico y de seguridad de Estado de las empresas eléctricas y se reafirme la propiedad de la República sobre las mismas y que bajo ningún concepto podrán ser privatizadas". También debe consagrarse "el derecho fundamental del pueblo a recibir el servicio eléctrico".

Proponen al mismo tiempo la creación o constitución de un ente estatal que "coordine y armonice las políticas del Estado. Es un absurdo y una incoherencia la situación actual, donde ni siquiera todas las empresas eléctricas del Estado pertenecen a un mismo ministerio".

mleon@eluniversal.com