La Asamblea Nacional aprobó anoche, en segunda discusión, la Ley de Ilícitos Cambiarios, con los votos favorables de la bancada gubernamental y el voto negativo de los partidos opositores.

Uno de los aspectos más resaltados, y también criticados, de ese instrumento es la magnitud de los castigos, especialmente los referidos a la prisión por las irregularidades cambiarias.

Si bien la subcomisión de la Asamblea Nacional (AN) que realizó el proyecto de ley rebajó las penas con respecto al texto inicial, representantes del sector privado alertaron que las consecuencias de este instrumento legal sobre las pequeñas y medianas empresas serán negativas.

En todo caso, la instancia parlamentaria atendió algunas de las consideraciones realizadas por los interesados durante el período de consulta pública y, por ello, disminuyó de 14 años de prisión previstos en el proyecto inicial como pena máxima, hasta un límite de 7 años, que son sometidos a discusión por parte de la AN.

En términos generales, la Ley de Ilícitos Cambiarios aprobada anoche castigará a quienes realicen operaciones que estén al margen de las previsiones legales contenidas en los convenios cambiarios vigentes.

Esto representa castigo a quienes violen las disposiciones del control de cambio ya sea comercializando divisas, desde pequeños hasta altos montos; ofreciendo arrendamiento o venta de bienes y servicios en moneda diferente al bolívar o instigando a cometer ilícitos cambiarios.

Retraso en el FEM
La discusión de la solicitud de un voto de censura en contra del ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, retrasó en la sesión de ayer la aprobación de dos leyes económicas.

La reforma del Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) aguardó en la agenda para recibir la primera discusión por parte de la AN.

Pasadas las 7 de la noche se inició el debate de la reforma de la Ley del FEM, que contempla que los ahorros se iniciarán a partir del próximo año.

Según la propuesta presentada, el mecanismo se nutrirá de los ingresos excedentes que tenga el Ejecutivo Nacional. El proyecto indica que si luego de la ejecución del gasto quedan saldos superavitarios, una cantidad no menor a 20% se entregará al Fondo. Pdvsa quedará excluida de los aportes, debido a que lo realizará el Gobierno Central.

Los retiros quedarán condicionados a períodos de disminución de ingresos nacionales en comparación con los últimos tres años o situaciones de emergencia.