EDGAR LOPEZ
EL UNIVERSAL
En opinión del director para las Américas de Human
Rigths Watch, José Miguel Vivanco, la debilidad del Estado
de Derecho en Venezuela es una situación "de extraordinaria
gravedad" que justifica la invocación de la Carta Democrática
Interamericana.
La propuesta había sido formulada por Vivanco a mediados
de 2004, cuando presentó un informe sobre el sistema
de administración de justicia venezolano, pero desde
su punto de vista dicha situación no ha variado: "Creemos
que hay suficientes razones. Los Estados signatarios están
comprometidos a resguardar la independencia del Poder Judicial
y, en nuestra opinión, esa independencia se ha vulnerado
por el modo como el actual gobierno ha dispuesto la expansión
de la Suprema Corte, sumado a que dos terceras partes de los
jueces no cuentan con inamovilidad y pueden ser removidos
sin el debido proceso".
José Miguel Vivanco dictó la conferencia inaugural
del Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos
Humanos que, bajo el auspicio de Cofavic y la Vicaría
de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas,
mantendrá reunidos hasta mañana a 35 representantes
de organizaciones no gubernamentales venezolanos con el
propósito de compartir conocimientos y experiencias.
El directivo de Human Rights Watch se refirió al
último informe de la relatora para los Defensores
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas, Hina Jilani, según el cual la falta de independencia
del Poder Judicial, los obstáculos al acceso a la
información pública, las restricciones a la
libertad de expresión, la anomia de la sociedad civil
y el cuestionamiento del financiamiento internacional
son constantes que dificultaban el trabajo de los defensores
de derechos humanos en todo el mundo.
En su opinión, en Venezuela la imprescindible
libertad para criticar las ejecutorias oficiales desde
las organizaciones dedicadas a la promoción y defensa
de los derechos humanos cada vez se hace más difícil,
a pesar de que se trata de un componente esencial de
la democracia "que debe legitimarse en lo jurídico
y en lo práctico".
Recordó que el Estado venezolano ha sido contumaz
en el desacato a las medidas cautelares y provisionales
de protección acordadas por los órganos
del sistema interamericano de derechos humanos.
Entre otros casos, destacó la persecución
por parte del Ministerio Público contra el
presidente de la Comisión Andina de Juristas
y ex presidente de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao; así
como los hostigamientos contra los representantes
de las ONG Una Ventana por la Libertad y Cofavic.
José Miguel Vivanco considera que, en general,
en Venezuela ha habido un retroceso en materia
de derechos humanos. Como ejemplos, insistió
en la precariedad institucional del Poder Judicial
y las amenazas a la libertad de expresión,
mediante iniciativas legislativas, como la Ley
de Contenidos y la reforma del Código Penal,
que, en su opinión, han generado acciones
"sin precedentes" como la intentada por el fiscal
general de la República, Isaías Rodríguez,
contra El Universal, por la presunta comisión
de vilipendio a través del editorial Justicia
arrodillada, publicado el pasado 25 de julio.
