SARA CAROLINA DIAZ
EL UNIVERSAL
La Asamblea Nacional recibió ayer al presidente de
la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, diputado
Gholamali Haddad Adel, quien desde la tribuna de oradores del
Hemiciclo de Sesiones del Palacio Legislativo agradeció
el voto negativo de Venezuela "a la reciente resolución
ilógica e injusta de la Agencia Internacional de Energía
Atómica que fue aprobada con la presión política
y el chantaje ejercido por el Gobierno norteamericano", y recordó
que en los últimos dos años Venezuela e Irán
han suscrito 100 convenios y memorandos de entendimientos en
distintas áreas.
El presidente del Parlamento Gholamali Haddad Adel se expresó
en su idioma original pero con la ayuda de traductores electrónicos
los parlamentarios locales pudieron ovacionar a su par iraní,
sobre todo cuando éste cuestionó, varias veces,
el colonialismo y la arrogancia de los que pretenden establecer
un orden unipolar.
El parlamentario iraní alabó la "revolución"
que lleva adelante el presidente Chávez "y que junto
con Irán" realizan políticas independentistas
en rechazo de las políticas hegemónicas". Agregó
que ambos países tienen una tarea más importante
que conseguir objetivos económicos que es "establecer
la unidad y lograr la integración".
"Ahora que nos guían líderes cultos y bien
formados es más delicada nuestra tarea de aprobar
leyes tanto en asuntos internos como externos para adelantar
las cosas y neutralizar las amenazas de los enemigos",
señaló Haddad Adel quien indicó que Venezuela
es pionera en la lucha contra el colonialismo y que es
necesario el apoyo de ambos países "para actuar como
dos ejes convergentes neutralizando así los planes
de la arrogancia mundial".
Finalmente señaló que Irán aprobó
cinco convenios relacionados con comercio, apoyo recíproco
a la inversión, evitar la doble tributación
en materia de impuesto, economía complementaria
y transporte marítimo comercial. La AN también
aprobó en primera discusión el proyecto de
reforma de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación
y en segunda discusión la reforma de la Ley para
la Planificación y Gestión de la Ordenación
del Territorio, que había sido vetada por el Ejecutivo.
