SARA CAROLINA DIAZ

EL UNIVERSAL

La Asamblea Nacional recibió ayer al presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, diputado Gholamali Haddad Adel, quien desde la tribuna de oradores del Hemiciclo de Sesiones del Palacio Legislativo agradeció el voto negativo de Venezuela "a la reciente resolución ilógica e injusta de la Agencia Internacional de Energía Atómica que fue aprobada con la presión política y el chantaje ejercido por el Gobierno norteamericano", y recordó que en los últimos dos años Venezuela e Irán han suscrito 100 convenios y memorandos de entendimientos en distintas áreas. El presidente del Parlamento Gholamali Haddad Adel se expresó en su idioma original pero con la ayuda de traductores electrónicos los parlamentarios locales pudieron ovacionar a su par iraní, sobre todo cuando éste cuestionó, varias veces, el colonialismo y la arrogancia de los que pretenden establecer un orden unipolar. El parlamentario iraní alabó la "revolución" que lleva adelante el presidente Chávez "y que junto con Irán" realizan políticas independentistas en rechazo de las políticas hegemónicas". Agregó que ambos países tienen una tarea más importante que conseguir objetivos económicos que es "establecer la unidad y lograr la integración". "Ahora que nos guían líderes cultos y bien formados es más delicada nuestra tarea de aprobar leyes tanto en asuntos internos como externos para adelantar las cosas y neutralizar las amenazas de los enemigos", señaló Haddad Adel quien indicó que Venezuela es pionera en la lucha contra el colonialismo y que es necesario el apoyo de ambos países "para actuar como dos ejes convergentes neutralizando así los planes de la arrogancia mundial". Finalmente señaló que Irán aprobó cinco convenios relacionados con comercio, apoyo recíproco a la inversión, evitar la doble tributación en materia de impuesto, economía complementaria y transporte marítimo comercial. La AN también aprobó en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y en segunda discusión la reforma de la Ley para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, que había sido vetada por el Ejecutivo.