Súmate acudirá a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia para exigir la regulación del proceso de reelección presidencial. Entre los aspectos que se deben legalizar, según la asociación civil, se encuentra la separación del cargo por parte del Presidente para optar a la reelección.
La decisión de la Sala Electoral del TSJ que destituyó al alcalde del municipio Catatumbo, de Zulia, por no haberse separado de su cargo durante la campaña electoral, motivó a Súmate a plantearse la necesidad de que existan leyes que regulen la reelección de los cargos públicos.
En una nota de prensa, la organización ligada a la oposición señaló que la sentencia N° 40 dejó claras dos reglas: la primera, consagra como requisito de elegibilidad para optar a un cargo público de elección popular, que el funcionario que pretenda continuar en sus funciones deberá separarse del cargo; y la segunda, determina que el Estatuto Electoral del Poder Público no está vigente.
Para Súmate "los efectos de esta sentencia demuestran que carecemos de una normativa que impida el ventajismo político de la reelección. Este vacío legal coloca en peligro la garantía de la igualdad en la contienda electoral presidencial".
En opinión de esta asociación las normas sobre la reelección permitirían "que la decisión contenida en el voto sea genuina expresión de la voluntad individual y no el producto del ejercicio de poderes sobre los ciudadanos. Así se podría evitar abusos, amedrentamiento y presión sobre los electores".
La Sala Electoral, en su sentencia del 9 de marzo, dijo sobre la reelección que "el funcionario público que detente un mayor cargo de mayor rango y que se le permita participar en un proceso electoral sin separarse de dicho cargo va a estar en una posición de privilegio, ya que puede hacer uso en forma directa o indirecta de tal situación para favorecerse electoralmente".
Sobre el Estatuto Electoral del Poder Público, el TSJ señaló: "el Estatuto fue dictado exclusivamente para regular los procesos electorales del año 2000"; en consecuencia ya no puede utilizarse para regular procesos electorales.