SOLBELLA PEREZ RODRIGUEZ

EL UNIVERSAL

El jueves a las 10 de la noche, el Ministerio de Interior y Justicia firmó un acuerdo con los líderes de la protesta en el internado judicial de Los Teques. El ministro Jesse Chacón informó que a las 12 del mediodía de ayer se había levantado en su totalidad la huelga de hambre emprendida el lunes pasado por los reclusos de 19 penales, en reclamo por el retardo procesal y la "confusa" interpretación de varios artículos del COPP.

Chacón abundó en los detalles del acuerdo desde la Defensoría del Pueblo, donde sostuvo una reunión con el titular de este organismo, Germán Mundaraín, y con el presidente de la Sala Penal del TSJ, Eladio Aponte Aponte, para iniciar la discusión de soluciones estructurales al problema. El ministro indicó que 75% de los casos de retardo procesal se encuentran en la fase preliminar. Para reducir este índice se acordó trasladar a los fiscales, jueces de control y defensores a cinco centros de reclusión, en principio, para evitar el diferimiento de las audiencias preliminares. El Poder Judicial se comprometió a aplicar el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual permite a los penados acceder al trabajo fuera del establecimiento, al régimen abierto y a la libertad condicional cuando hayan cumplido "una cuarta parte de la pena". El reclamo de los privados de libertad iba en contra de la aplicación del artículo 508 del mismo texto legal, el cual fue anulado por el TSJ y señala que los beneficios sólo se podían solicitar luego de cumplir la mitad de la pena. No hubo un acuerdo sobre uso del numeral 1 del 501, que exige que el penado no tenga antecedentes por el mismo delito por el cual solicita la medida. En este punto los internos denunciaban la aplicación de una doble sanción por la reincidencia, la primera en la etapa del juicio cuando se aumenta la pena en un tercio y luego en la etapa de ejecución, cuando se les niega estos beneficios. Chacón dijo: "una cosa es el juicio y otra los beneficios". En cuanto al ordinal 4 del mismo artículo 501, hubo un compromiso por parte de la Asamblea Nacional para incluir en la reforma del COPP una instancia donde los reclusos puedan apelar la decisión que toma el delegado de prueba sobre las faltas cometidas. Según los internos, esas faltas eran utilizadas como "mecanismo de extorsión o presión". Chacón criticó la cobertura que los medios hicieron de la huelga de hambre. "Los periodistas debieron investigar las características de la huelga".