Roberto Orta, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), duda que el Cabildo Metropolitano pueda cumplir con todos los pagos que implica el "proyecto de dotación de viviendas a las familias que habitan en condición de arrendatarios", puesto que está en mora con otros propietarios.
Asegura que, hasta ahora, los funcionarios de la Alcaldía Mayor aún no han cancelado a los dueños de los 56 edificios que se expropiaron con los decretos anteriores. "Tenemos entendido que a 99% de los propietarios no se les ha pagado, porque la Alcaldía no cuenta con los recursos. De seguir con esta práctica, el Cabildo estaría incurriendo en una confiscación".
En cualquier caso, Orta aclaró que este decreto de expropiación no supone una transferencia inmediata de la propiedad, puesto que sólo marca el comienzo de un proceso administrativo. "El acuerdo se materializará con el pago y ello demorará hasta tres años".
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