En horas del mediodía, los custodios se percataron del hecho. Ministerio Público y Fiscalía Militar investigan "complicidad interna". Decisión de autoridades de suspender visitas en el Centro creó motín
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(Foto Venancio Alcázares)
MARIA DANIELA ESPINOZA
ANDREINA GOMEZ
REYES THEIS
EL UNIVERSAL
Bloquear las vías terrestres en el estado Miranda,
vigilar las sedes de las embajadas y reforzar la seguridad
en los aeropuertos del país, fueron las primeras medidas
tomadas por el Ministerio del Interior, a petición de
la Fiscalía, para evitar la solicitud de asilo o la salida
del país del presidente de la CTV, Carlos Ortega; el
capitán Rafael Faría y los coroneles Jesús
y Darío Faría.
El líder sindical, condenado por conspiración debido
a su participación en el paro de 2002 y 2004; Jesús
y su sobrino Rafael Faría, procesados por rebelión
militar y Darío Faría, detenido desde abril de 2005
acusado de llevar un fusil desarmado en su vehículo,
se fugaron ayer del Centro Nacional de Procesados Militares
de Ramo Verde (Cenapromil), ubicado en Los Teques, estado
Miranda.
La información fue confirmada anoche por el ministro
de Defensa, general en jefe Raúl Isaías Baduel.
"Tomamos conocimiento de de esta fuga a las 13:30 (1:30
pm)", informó, no obstante, señaló que desconocen
a qué hora se produjo la evasión.
Baduel indicó que ordenó una investigación
para determinar si hubo negligencia en el proceso de verificación
de detenidos que se realiza diariamente.
Aunque el fiscal general de la República, Isaías
Rodríguez, confirmó que "la fuga pudo haberse
producido en horas de la madrugada" del domingo, para
Carlos Bastidas, abogado de Jesús Faría, sólo
se trata de una "presunción" ya que no cuentan
con pruebas para ratificar esta situación. Aclaró
que, hasta ahora, estas personas están desaparecidas,
y "según dicen los organismos de seguridad", están
"aparentemente sustraídas del penal".
Entre los visitantes a Cenapromil circuló la
versión de que Ortega salió por la puerta
principal de la cárcel, a tempranas horas de
la mañana, y se fue a pie. Un funcionario del
penal le habría facilitado las llaves de la celda.
Los oficiales de guardia fueron trasladados a la Dirección
de Inteligencia Militar para ser interrogados.
Según el fiscal general, "la posible complicidad
que pudiese existir está en el seno de la cárcel,
vinculada con efectivos militares". Dijo que aunque
el hecho se haya registrado en un recinto militar,
el Ministerio Público abrió una investigación.
Por su parte, Baduel anunció dos investigaciones,
una a cargo de la Fiscalía Militar y otra administrativa
de la Inspectoría de la Fuerza Armada.
Rodríguez aseguró que si Ortega y los
tres oficiales se entregan, "pueden tener la certeza
de que tienen garantizado el derecho a la vida".
Familiares de los evadidos manifestaron su
"sorpresa" por lo acontecido. En Punto Fijo,
Jairo Ortega, hermano del líder sindical,
aseguró que visitó por última
vez Cenapromil el pasado 5 de agosto, "y no
había nada que indicara que Carlos (Ortega)
estaría pensando en una fuga". "No sabemos
si esto es una estrategia del Gobierno para
confundir", destacó.
El comisario Luis Abreu Arabia, jefe de la
Disip en Falcón, aseguró que hasta
hora no ha recibido órdenes de allanamiento
a las casas de la familia Ortega. Sin embargo,
la familia decidió reunirse en "un lugar
seguro".
Alerta al mediodía
Tras la confirmación de la fuga,
las autoridades militares decidieron
suspender las visitas en dicha cárcel,
lo que originó un motín.
Jacqueline Yamarte, familiar de un
recluso de Cenapromil, aseguró
que, durante la mañana de ayer,
el procedimiento de visitas transcurrió
con normalidad, y que fue cerca de
la una de la tarde cuando se produjo
un "movimiento extraño" dentro
del recinto.
Por más de dos horas, los
presos lanzaron ladrillos desde
la azotea, quemaron colchones y
gritaron consignas.
El ministro de la Defensa informó
que los internos causaron destrozos
en la oficina del director del
centro penitenciario, coronel
Gustavo Buznego Leal, quien, por
cierto, se encuentra de vacaciones
desde la semana pasada. Baduel
anunció la intervención
del recinto.
La delicada situación
en Ramo Verde ameritó la
intervención de la Defensoría
del Pueblo y, según el
general Baduel, los internos
"decidieron deponer su actitud".
Con información
de Laura Arismendi
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