JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL

Las elecciones presidenciales del domingo "se ajustaron a los estándares internacionales y la legislación nacional en lo que se refiere a la actuación de la administración electoral y al sistema de voto electrónico". Así lo afirmó la Misión de Observación de la Unión Europea, la cual, no obstante, criticó el uso de fondos del Estado para la campaña del aspirante a la reelección, Hugo Chávez; y las coacciones que sufrieron los empleados públicos para que acudieran a sus actos proselitistas y para que votaran por él.

En rueda de prensa celebrada en el hotel Caracas Palace, la jefa de la delegación, la eurodiputada italiana Mónica Frassoni, presentó las conclusiones del informe preliminar redactado a partir de las informaciones recabadas por los 154 veedores que estuvieron siguiendo la marcha de los comicios.

En el reporte de nueve páginas se afirma que la Misión recibió "numerosas denuncias" de presiones a funcionarios públicos para que sufragaran por el presidente Chávez o para que participasen en sus actividades de campaña, sin precisar la cantidad de quejas.

Aunque admitió que no tenían cómo verificar las denuncias, en el escrito la delegación europea señaló que "sí valoró el más notorio": el discurso que el ministro de Energía, Rafael Ramírez, dirigió a un grupo de trabajadores de la industria petrolera.

En el texto, el grupo advirtió que las palabras del también presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) "podrían entrar en conflicto" con la Declaración sobre los criterios para Elecciones libres y justas de la Unión Interparlamentaria, que, en su artículo 4, establece: "Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias y apropiadas para asegurar que el principio del voto secreto es respetado y que los votantes pueden ejercer su derecho al voto libremente, sin miedo ni intimidación".

La participación de funcionarios públicos en la campaña llamó la atención de la Misión, la cual, en su informe, recordó que el artículo 215 de la Ley Orgánica del Sufragio prohíbe expresamente esto y "están en contradicción con las buenas prácticas electorales".

También cuestionaron la cobertura que tanto los medios privados como públicos dieron a la campaña electoral, por considerarla "sesgada y partidista", lo mismo que la actitud del Consejo Nacional Electoral (CNE), por no tomar medidas para modificar esta situación.

En el reporte, el grupo veedor presentó los resultados del seguimiento que hicieron del trabajo de las principales televisoras, emisoras de radio y diarios del país, los cuales revelaron que la estatal Venezolana de Televisión dedicó 86% de su espacio informativo al aspirante a la reelección y el restante 14% al candidato opositor, Manuel Rosales; mientras que las privadas Radio Caracas Televisión y Globovisión le dedicaron al candidato opositor, Manuel Rosales, entre 69 y 65%, respectivamente; y 29 y 35%, respectivamente, al primer mandatario.

A quienes consideran normal que los medios y los recursos públicos estén al servicio del Ejecutivo, les dijo lo siguiente: "El Estado no es el gobierno".

Interrogada sobre la transparencia de los resultados emitidos por el ente comicial, Frassoni dijo sin dudar: "Son absolutamente confiables".

En el reporte, por su parte, la Misión concluyó: "El sistema de voto electrónico implantado en Venezuela es eficaz, seguro y auditable con un equipo técnico acorde a su avanzado nivel tecnológico", aún cuando reconoció que sus observadores detectaron inconsistencias, aunque pequeñas, entre el número de votos registrados por las máquinas de votación y los comprobantes contenidos en las urnas.

Tal y como lo hiciera la Organización de Estados Americanos (OEA), la delegación europea cuestionó el uso de las captahuellas, no porque violen el secreto del voto, sino retrasan el proceso de votación y porque ya existen mecanismos para evitar que un elector sufrague en varias ocasiones (cuaderno de votación y la tinta indeleble).