Desde febrero de 2003 cuando el Gobierno sumó al control cambiario la medida del control de precios máximos de los alimentos básicos, estos son del todo discrecionales, inconsultos, sin mayor basamento costo-económico y fijados de acuerdo al interés populista. De allí que el resultado sea la disminución que sucede de la oferta de alimentos básicos al no ser posible su producción o importación privada para ser vendidos a precios controlados por debajo de costos.

En adición, la pérdida de libertad económica ha significado para el sector privado de alimentos una escalada de requisitos, inspecciones, peajes y abusivas multas o cierres, que además de elevar los costos, aumentan el tiempo de la producción, la importación o la distribución final hasta los consumidores, imposibilitando su abastecimiento normal.

Esto sin redundar aquí sobre la caída de la producción nacional por causa del terror agrario de la Ley de Tierras como de la violencia criminal que ahuyenta la inversión privada en el campo.

La corrupción existente tras las importaciones oficiales subsidiadas de alimentos que en forma directa y sin ninguna transparencia se autorizan inclusive para el mayor provecho de gobiernos y empresas extranjeras, ha devenido en la distorsión total de la administración gubernamental que debe estimular la producción nacional y no lo contrario.

En estas circunstancias el Gobierno debe decidir entre posibilitar la mayor oferta de alimentos o insistir con los controles de precios. De mantenerlos, más agudo será el desabastecimiento como el descontento popular por la escasez. En cuanto al aumento de precios que resulta, su contraparte es el subsidio alimentario social que deberá mantenerse, incluyendo la diferencia del ajuste cambiario que se ve venir. El fracaso de los controles es ya una realidad.

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