Decreto Carmona. La ex presidenta de la extinta Corte Suprema, Cecilia Sosa; el ex presidente de Petróleos de Venezuela, Guaicaipuro Lameda y el abogado José Gregorio Vásquez, a quienes la Fiscalía señaló de redactar el decreto mediante el cual el empresario Pedro Carmona dejó sin efecto la Constitución de 1999 en abril de 2002, se beneficiarán de la medida presidencial, pero el constituyentista Allan Brewer Carías, el cuarto investigado en este caso, no. La razón: Se encuentra prófugo de la justicia y el decreto presidencial establece claramente que quienes no se hayan puesto a disposición de los tribunales no serán afectados por esta medida.

Firmantes del decreto. De las casi 400 personas que rubricaron el único decreto que Pedro Carmona dictó mientras encabezó el efímero gobierno de transición que se instaló en abril de 2002, apenas 28 fueron imputadas por el Ministerio Público. El ex presidente de la Asociación Bancaria, Ignacio Salvatierra; la ex presidenta de Fedecámaras, Albis Muñoz; el ex gobernador de Falcón, José Curiel; la vocera de Súmate, María Corina Machado; el directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), León Arismendi; la directora de la organización Cedice, Rocío Guijarro; verán cómo sus expedientes son cerrados. Por su parte, la internacionalista Vilma Petrash; y el ex canciller del gobierno de Carmona, José Rodríguez Iturbe, seguirán teniendo cuentas pendientes con la justicia, por no haberse puesto a derecho.

Toma de VTV. El ex gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, y quien fuera su jefa de prensa, Milagros Durán, a quienes la Fiscalía señala de haber participado en la toma e interrupción de las transmisiones del canal del Estado en abril de 2002, no se beneficiarán de la amnistía, porque en la actualidad se encuentran evadidos de la justicia. Sobre ambos pesa una orden de captura.

Puente Llaguno. Los ocho agentes de la Policía Metropolitana que ya tienen más de cuatro años detenidos podrían quedar en libertad. Sin embargo, los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero no. El motivo: Un fallo judicial estableció que ellos no pueden gozar de ningún beneficio, pues están siendo procesados por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad (violación del derecho a la vida).

Gobernación del Táchira. Saúl Solórzano, Danny Ramírez y Orlando Pantaleón, quienes fueron condenados a seis años por haber participado en la toma de la Gobernación del Táchira el 12 de abril de 2002, ya no tendrán que seguir esperando el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo que podría evitar que volvieran a la cárcel. La misma suerte correrán Jacobo Supelano, Elcy de Peña, Omar Guillén, William Forero y José Neira Celis, quienes se beneficiarán de la decisión presidencial.

Caso Rodríguez Chacín. La ex jueza Mónica Fernández; los alcaldes de Chacao y de Baruta, Leopoldo López y Henrique Capriles Radonski, respectivamente; ya no tendrán que preocuparse por el proceso que se les seguía por su participación en la detención irregular del ex ministro del Interior, Ramón Rodríguez, hecho ocurrido el 12 de abril de 2002 en la urbanización Santa Fe de Caracas. Este anuncio no significa para el mandatario baruteño el fin de sus problemas con la justicia, pues el caso que se le sigue por los ataques a la embajada de Cuba continúa abierto. La razón: la Ley de Anmistía no abarca este hecho.

Rebelión civil. El capitán Carlos Guyón Celis y el coronel Francisco Alvarado, quienes fueran detenidos tres días antes del referendo sobre la reforma constitucional por supuestamente orquestar una rebelión contra el Gobierno, fueron liberados en la mañana del 1 de enero, gracias al perdón presidencial. La medida también beneficiará a varios de los militares que en octubre de 2002 se apostaron en la plaza Francia y se declararon en "desobediencia legítima". Los generales Néstor González González y Enrique Medina Gómez, líderes de ese movimiento, no disfrutarán de esta gracia, por hallarse fuera del país. Los genera-les Efraín Vásquez y Pedro Pereira, y los almirantes Héctor Ramírez y Daniel Comisso, quienes fueron procesados por el Tribunal Supremo por el 11 de abril, tampoco se beneficiarán por estar evadidos. JFA