Para el rector principal, Germán Yépez, el CNE debe definir de qué manera va a instrumentar la decisión de la Contraloría General de la República acerca de los funcionarios inhabilitados políticamente para el desempeño de cargos de elección popular.

Aclara que la idea no es discutir qué persona merece o no ser inhabilitado, pues eso corresponde al derecho a la defensa de cada afectado.

"El CNE no le está quitando nada a nadie, sino que debemos acatar las decisiones de otros órganos jurisdiccionales, ya que si no lo hacemos, somos nosotros los que podemos terminar presos", dijo el representante de la Comisión de Participación Política del ente comicial, según ABN.

Explicó que, si el Poder Electoral toma la decisión de incluir a los inhabilitados en la base de datos, no habría forma de que puedan inscribirse en las venideros comicios regionales, ya que "serían rechazados automáticamente" por el sistema.

Recordó que la Contraloría General fundamentó su decisión en una sentencia emanada el 8 de marzo de 2005 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde se señala que las autoridades regionales y municipales electas popularmente -y en ejercicio de sus funciones- no podrán reelegirse de haber sido sancionados por dicho órgano.

Comentó que ayer abordaron el tema en la Comisión de Participación Política y Financiamiento, y acordaron discutirlo en una próxima reunión, a fin de presentar una opinión a la directiva para su análisis.

"Eso va a implicar que cada uno de los rectores, con su equipo de abogados, estudie el contenido y los argumentos de esa medida de la Contraloría", dijo Yépez.