MARÍA DANIELA ESPINOZA

EL UNIVERSAL

Desde la Disip, donde se encuentra detenido, señalado por los sucesos del 11 de abril de 2002, el comisario Iván Simonovis advierte al Gobierno y a la población en general que "la lucha contra el delito no es responsabilidad exclusiva de los órganos de policía uniformada, ni de investigación".

"El Gobierno insiste en vender a la policía nacional como la panacea de la solución del problema de la criminalidad, cuando en 9 años no ha podido atender la situación y según la secretaría técnica de la (extinta) Conarepol, este proyecto no se cristalizará hasta dentro de por lo menos dos años".

Simonovis se pregunta ¿de dónde sacarán a esta policía 'profesional, preventiva, de proximidad, imparcial'?, si el Ejecutivo "no ha podido dar el primer paso y ofrecer a organizaciones con responsabilidad nacional (Cicpc y Disip), presupuestos que permitan acceder no sólo a equipos adecuados, tampoco a beneficios que garanticen vida digna para los 12 mil efectivos que las integran".

Recuerda el caso de la Policía Metropolitana, ahora bajo el control del MIJ, que con "presupuestos reconducidos" alcanzaba los 125 millones por año y el 60% de los recursos se iba en gastos de personal. "Era insuficiente y se dependía de otras asignaciones para el pago de aguinaldos. Entonces, ¿de dónde sacarán a esta policía nacional?", refiere en un documento que hizo su esposa, María del Pilar Simonovis.

El ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor destaca que el Gobierno ha centralizado el poder, pero aún así no ha logrado focalizar esfuerzos que conduzcan a soluciones tangibles: reducir la criminalidad. "Hurga en soluciones mágicas que no existen".

Insiste en que la solución del problema requiere la participación activa de otros operadores de justicia, como la Fiscalía, los tribunales y el sistema carcelario. "Pensar en la reducción del delito con la mera participación de la policía es definitivamente una visión miope del problema, más aún en nuestro país donde la delincuencia se ha convertido en un cáncer que ha hecho metástasis. Sin embargo, los ministros del Interior insisten en planes reactivos que sólo atacan los síntomas pero no las causas".

En este sentido, asegura que el promedio de casos denunciados, según cifras del Cicpc, es de 120 mil delitos por mes, es decir 1.440.000 por año, lo que corresponde a 18,7 delitos por habitantes, en todas sus variables.