VIVIAN CASTILLO

EL UNIVERSAL

Un equipo multidisciplinario de expertos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) aseguró que el Ejecutivo pretende aprobar una Ley de Salud que contraviene la Constitución y que introduce conceptos del proyecto presidencial de reforma que fue rechazado el pasado 2 de diciembre.

El borrador que habría llegado a manos de los investigadores por una "fuente confiable" concretaría la centralización de la salud y otorgaría al Ejecutivo nacional el control absoluto sobre todas las instituciones de salud del país.

Manuel Rachadell, investigador del Instituto de Derecho Público de la UCV, aseveró que el Decreto Ley de Salud que se propone aprobar el Ejecutivo, resucita el fracasado sistema que planteaba la Ley de Servicio Nacional de Salud del gobierno de Jaime Lusinchi, pero agregando apariencia de participación a través de una serie de consejos sociales" que dependen del Gobierno y que en definitiva se constituirán en comités políticos".

Rachadell advierte que la fórmula planteada en el proyecto de Ley no sólo alejará al ciudadano de la solución de sus problemas, sino que servirá como un marco para ejercer control no sólo sobre la salud pública, sino también sobre las instituciones privadas.

El coordinador de programa integrado de posgrado en Seguridad Social de la UCV, Absalón Méndez Cegarra, señaló que los artículos contenidos en el borrador pueden dividirse en 2 grupos: el primero que se regodea en la retórica y carece de fuerza normativa; y un segundo grupo de normas sancionadoras e interventoras que militarizará la salud.

Cegarra, quien fuera corredactor del capítulo de los derechos sociales y de la familia de la Constitución de 1999, dijo que el proyecto más que una Ley es un código penal de la medicina.