SUHELIS TEJERO PUNTES

EL UNIVERSAL

La toma de 26 instalaciones de Coca-Cola Femsa afecta 70% del volumen de distribución de la embotelladora, según informó el vocero de la empresa Luis Ignacio Mayorca.

Agregó que diariamente dejan de comercializarse 500.000 cajas de productos de la marca Coca-Cola Femsa.

Desde el viernes pasado se iniciaron los bloqueos, acción que fue en escalada hasta que el domingo pasado llegó a 30 el número de sedes de la compañía que está afectada por la protesta de un grupo de ex fleteros que demandan el pago de prestaciones laborales.

Mayorca explicó que algunos centros de distribución fueron desbloqueados por los trabajadores activos de Coca-Cola Femsa, luego de negociar con los manifestantes; no obstante, algunos refieren que -al menos en el caso de la planta de Los Cortijos, en Caracas- se registraron enfrentamientos entre los bandos, situación que dejó un saldo de varios heridos, según indicó Rómulo Torres, uno de los tomistas.

Hasta ayer en la tarde se mantenían 22 centros de distribución bloqueados e igual suerte corrían las plantas de Maracaibo (Zulia), Valencia (Carabobo), Antímano (Caracas) y Barcelona (Anzoátegui).

El secretario general de la Federación Nacional de Ex Trabajadores de Coca-Cola y de Polar, Pedro Medina, explicó que hoy los secretarios generales de las organizaciones que apoyan la causa en la embotelladora acudirán a la Vicepresidencia de la República o al Palacio de Miraflores, para solicitar la mediación de una autoridad en el conflicto que mantienen los ex fleteros con la empresa.

No es la primera vez que las instalaciones de Coca-Cola Femsa son bloqueadas. Desde el año 2006 la situación se ha presentado en cinco oportunidades. Sólo en lo que va de año los manifestantes han tomado en tres ocasiones diferentes las sedes de la embotelladora, lo que ha ocasionado pérdidas por encima de los 15 millones de dólares a la empresa.

Tanto la Asamblea Nacional como el Tribunal Supremo de Justicia intentaron resolver la situación pero, mientras algunos ex fleteros cuestionan la imparcialidad del Parlamento, la máxima instancia judicial del país anunció ayer el cese de la mesa de mediación que buscaba solución al conflicto.

"Se nos fue de las manos el problema. Eso ahora queda a nivel de los tribunales regionales o de negociaciones entre la empresa y los ex concesionarios", explicó el magistrado Juan Rafael Perdomo, quien durante meses sirvió de mediador entre las partes.

La decisión firmada por los integrantes de la Sala Social del TSJ indica que los ex fleteros "jurídicamente no tienen derecho alguno que reclamar a la empresa", pues sus casos prescribieron o ya fueron sentenciados por otras instancias.

Perdomo aseguró que darle la razón a los tomistas significa "derrumbar un edificio de Derecho completo y eso no lo puede permitir ningún gobierno", dijo.

El magistrado señaló que los reclamantes tienen derecho a protestar, pero que deben abrir el espacio para que la gente pueda trabajar.

CON INFORMACIÓN DE MIRIAM RIVERO