El ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luis Miquilena, encabezó ayer un acto con la participación de otros trece miembros del cuerpo que redactó la Carta Magna de 1999, en el que exigieron al Tribunal Supremo de Justicia y al Poder Electoral el acatamiento del poder originario que consagró los derechos políticos de los venezolanos, de modo que "cualquier norma de rango inferior a la Constitución que limite este derecho es sencillamente inaplicable".

En este marco, Miquilena señaló que consciente del cambio que viene en la correlación de fuerzas en noviembre, Hugo Chávez "puede intentar defenestrar el proceso comicial, al ver que la ilusión que sembró en el pueblo se ha marchitado, porque ninguna de las proposiciones que hizo el candidato Hugo Chávez en 1998 fueron cumplidas".

A propósito de las inhabilitaciones emitidas por el contralor Clodosbaldo Russián, que pesan sobre destacados aspirantes a las elecciones regionales de noviembre, 14 de los 128 constituyentes suscribieron un manifiesto en la Sala E de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que será consignado en el TSJ.

En el texto recalcan que "el Diario de Debates deja sin lugar a duda que la intención de los constituyentes fue que la limitación de la ciudadanía y los derechos políticos sólo debía ser impuesta mediante condena, esto es mediante sentencia firme de un tribunal de la República (...) porque la sentencia condenatoria emitida por un juez competente es una garantía que deriva del derecho al debido proceso, garantía fundamental del Estado de Derecho".

Miquilena, quien tras la aprobación de la Constitución encabezó el llamado "Congresillo" , estuvo acompañado por la ex primera dama Marisabel Rodríguez, Antonio Digiampaolo, Ricardo Combellas, Yoel Acosta Chirinos, David De Lima, Ángela Zago, Leopoldo Puchi, Carlos Tablante, Pablo Medina, Ernesto Alvarenga, Alberto Jordán Hernández, Claudio Fermín, Haydée de Franco, Froilán Barrios, Virgilio Ávila Vivas y William Ojeda.

Luis Miquilena aseveró que el gobierno de Hugo Chávez "va caminando, cada vez con mayor aceleración, hacia una etapa de ilegitimidad". A propósito del pacto del 23 de enero, añadió que "el pueblo tiene una cita para la gran batalla electoral que requiere racionalidad, conciencia y claridad para enfrentar este atropello".

"Sólo unidos podremos conquistar la victoria que le traerá un nuevo amanecer a nuestra patria. El que traspase el límite de la lealtad será objeto de la maldición del país o de la bendición de las fuerzas democráticas que han sabido cumplir el compromiso de honor suscrito el 23 de enero".