ANGIE CONTRERAS C.

EL UNIVERSAL

La promulgación vía Habilitante tanto de la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (Lossa), como de la Ley de Defensa a las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Ldpabys) impacta todos los eslabones de la cadena agroalimentaria: productores agrícolas, industria, comercio y consumidor.

Pablo Baraybar, presidente de Cavidea, indicó que ambas normativas menoscaban los principios de seguridad alimentaria y soberanía del consumidor, así como el derecho a la libertad económica y la propiedad privada, el debido proceso y el derecho a la defensa consagrados en la Constitución.

Asimismo, piensa que ambas normativas significan un retroceso en el logro de la soberanía agroalimentaria, pues hay mayor intervención centralizada y menos capacidad de decisión para los actores de la cadena.

Ángel Alayón, asesor de Cavidea, señaló que las disposiciones afectan la oferta suficiente y oportuna de los alimentos, así como los precios al consumidor.

Alayón explicó que los ar- tículos 11, 20, 35, 37 y 60 de la Lossa y los apartados 109, 110 y 111 de la Ldpabys disminuirán la producción agrícola, pues el productor recibirá compensación fundamentalmente por el tiempo social invertido en la actividad y no por los esfuerzos, costos y riesgos asumidos, por lo que podría migrar a otras actividades.

Asimismo, la Ley permite al Estado la posibilidad de sustituir al productor en sus decisiones, productivas y comerciales, que desestimulen al sector.

Para Cavidea, el nivel de discrecionalidad en que están enmarcadas ambas disposiciones puede generar interrupciones innecesarias en la actividad agrícola. Igualmente, aumenta la incertidumbre en el sector, en vista de que todas las decisiones de producción, comercialización y distribución las podría tomar el Estado.

En cuanto al comercio, Alayón expresó que la planificación de la producción agrícola determinará qué alimentos podrán ser comercializados.

Se pueden generar retrasos injustificados que obstaculicen la continuidad de las operaciones. La falta de precisión en las obligaciones desencadenaría interrupciones innecesarias en la comercialización.

Asegura que no están claros los niveles de inventarios que pueden ser considerados como acaparamiento; se elevan las trabas y los costos para la comercialización.

En cuanto a los consumidores, Alayón indicó que pierden soberanía en sus decisiones de consumo, debido a que la oferta de alimentos ya no respondería a sus deseos y preferencias.

Antonio Canova, también asesor de Cavidea, señaló que ambas leyes son inconstitucionales puesto que se limita la libertad económica de los productores, "se impide entrar, salir y decidir cómo realizar la actividad".

Al establecerse potestades de ocupación temporal, intervención o toma de posesión de las empresas se afecta la propiedad privada. Además se utiliza la figura de adquisición forzosa cuando la misma no está prevista en la Constitución; se prevé la figura del comiso o retención de bienes sin sentencia previa del Poder Judicial.

Cavidea mantiene sus propuestas sobre la seguridad alimentaria, cuya estrategia para los próximos 10 años debe basarse en la expansión de la producción de alimentos.

En las próximas semanas, el gremio ejercerá acciones ante el TSJ sobre ambas leyes por inconstitucionalidad.

Angie Contreras C.
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