JUAN FRANCISCO ALONSO

EL UNIVERSAL

El 29 de octubre de 1988, debía ser para Wollmer Pinilla y José Gregorio Arias un día de descanso y disfrute entre amigos, que quedaría en sus memorias por las piezas que aspiraban pescar y por lo bueno que les quedaría el sancocho que planeaban hacer. Sin embargo, la infame actuación de un grupo de militares y policías terminó transformando esa jornada en la peor de sus vidas y les hizo saltar a la palestra pública sin que lo buscaran. La razón: Fueron los únicos supervivientes de la masacre cometida por miembros del extinto Comando Específico José Antonio Páez (Cejap) en El Amparo (Apure), donde 14 pescadores fueron asesinados.

A dos meses de que se conmemore el vigésimo aniversario del hecho, presentado por las autoridades de la época como un enfrentamiento con la guerrilla colombiana, Pinilla y Arias, junto al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), denunciaron la impunidad que ha rodeado este caso.

En horas de la mañana de hoy los supervivientes y el coordinador de la organización no gubernamental, Marino Alvarado, acudirán al Ministerio Público para solicitarle a ese organismo que reabra el caso.

"Nuestra solicitud se sustentará en la experiencia del caso Yumare (masacre en la que nueve dirigentes de izquierda fueron asesinados en mayo de 1985 en el estado Yaracuy), el cual fue cerrado por la jurisdicción militar sin que nadie fuera sentenciado, pero años después fue reabierto por la ordinaria. Igualmente esgrimiremos el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado por este caso; y en la cual se ordenaba a las autoridades a castigar a los responsables de estos crímenes", afirmó Alvarado.

El coordinador de Provea afirmó que esta investigación no debería ser tan complicada o engorrosa como la relacionada con los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Caracazo). La razón: "En El Amparo se sabe quiénes actuaron, porque la justicia militar los identificó, sólo faltan los autores intelectuales".

No obstante, desde la agrupación pro derechos humanos se señalaba a algunos sospechosos, tales como el ex jefe del Cejap, el general (r) Humberto Camejo Arias; jefe de Operaciones del Cejap, coronel Enrique Vivas Quintero; el comisario de la policía política Henry López Sisco; y el capitán de navío (r) Ramón Rodríguez Chacín, actual ministro del Interior.

Los señalamientos de Provea contra López Sisco y Rodríguez Chacín se sustentan en una resolución de la Corte Marcial de 1994, la cual ordenó su arresto, junto a otros oficiales, por su presunta participación en la planificación de los llamados "amparitos", las cuales fueron unas masacres previas a la del Amparo ocurridas a principios de 1988.

Alvarado está convencido de que la masacre fue planificada para justificar la existencia del Cejap. "Por esa época se habló de la posibilidad de eliminar ese grupo, porque no era eficiente, pero de repente comenzaron a informar sobre grandes operaciones antiguerrilleras. Claro, en ninguna hubo supervivientes, pero en El Amparo sí, y gracias a la valentía de Pinilla y Arias hoy sabemos lo que ocurrió en realidad", agregó.

Los sobrevivientes comparten esa misma sospecha. "¿Qué guerrilleros van armados con unos nylons para pescar? Ellos lo que querían era tener unos muertos para decir que eran guerrilleros y justificar su existencia", remató Pinilla.

Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL