Uno de los temas que con mayor fuerza ha marcado en su discurso el recientemente electo alcalde mayor de Caracas es el de la lucha contra la inseguridad. Le hemos escuchado decir que "la gran derrota de estas elecciones es el hampa" o "mientras demos la pelea por rescatar la Policía Metropolitana, dotemos a Caracas de una corporación de servicios de seguridad y asimismo será promovida una academia de formación policial, la mejor de América Latina, porque Caracas lo merece".

Más allá de los discursos propios de estos procesos, parece relevante reafirmar algunos criterios que esperamos no olvide en su gestión. El primero de todos es que no puede existir lucha contra la delincuencia sin respeto a los derechos humanos. Ya tuvimos la experiencia nefasta de un ex alcalde mayor (hoy prófugo) que hizo de su lema "plomo al hampa", un canto a los excesos policiales y a la represión de los sectores populares, sin que por ello lograra resultados esperados. Cualquier plan de seguridad ciudadana que no contemple las causales estructurales del fenómeno de la criminalidad y que reafirme concepciones reaccionarias tendientes a criminalizar a los sectores populares, estará destinado al fracaso.

Quienes tenemos cierta memoria histórica también recordamos que el nuevo alcalde mayor fue un doliente de la derogada "Ley de vagos y maleantes", que tanto daño causó a venezolanos y venezolanas inocentes, sometidos brutalmente por su aplicación. Ejemplo de ello encontramos en el informe anual de Provea 1997-1998: "(&) Otra denuncia surgió a raíz del desalojo de un grupo de indigentes que se habían asentado debajo de un puente, en Caracas. Hasta allí llegó una comisión de la Policía Municipal, el 15/04/98, destrozando los escasos bienes de 15 personas y golpeándoles con peinillas. Entre las víctimas se encontraba la menor Nairobi Márquez, quien recibió golpes en la cabeza y los brazos. Al respecto, el alcalde Antonio Ledezma se limitó a declarar: 'De alguna forma hay que sacar a los indigentes [...] no es posible hacer un operativo de desalojo con guantes de seda" (Diario El Globo, 17/04/98, pág. 12). Diez años después, esperamos que el alcalde del Distrito Capital haya entendido que no se trata de un asunto de "guantes" sino de respeto a la dignidad humana, a la ley y a los principios que marcan el deber de la función pública.

Esperamos que la anunciada "Corporación de servicios de seguridad" se inscriba en el marco de la legislación y no termine siendo un parapeto para gestar, bajo la figura de la participación de las comunidades, grupos más parecidos a las autodefensas colombianas que a otra cosa.

Finalmente, le recordamos que según la Ley del Servicio Nacional de Policía y de Policía Nacional (art. 18, numeral 9°), las competencias para todos los temas de formación a policías son atribución del órgano rector en la materia y del Ministerio de Educación Superior. Cualquier centro de formación de policías deberá ceñirse a los criterios definidos en esta ley, para no repetir esquemas en los cuales las policías resultan títeres de los intereses y agendas de los políticos de turno. Ojalá el "nuevo" alcalde no reproduzca las prácticas del "viejo" alcalde que encarna la misma persona.

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