Los decanos de las facultades de Ciencias Políticas y Jurídicas de varias universidades del país se pronunciaron ayer en contra del requerimiento que hizo el presidente de la República a la Asamblea Nacional (AN) de activar los mecanismos para hacer una enmienda al artículo 230 de la Constitución, que le permita postularse indefinidamente a la reelección.

A través de un comunicado los juristas "elevaron su voz ante el desconocimiento de la Constitución que la presentación y aprobación de tal enmienda comportaría".

Jesús María Casal, portavoz del grupo de expertos y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), señaló que el Gobierno, al pretender aprobar la postulación continua, está desconociendo el principio de alternabilidad establecido en la Carta Magna.

En ese sentido puntualizó que "La supresión de los límites constitucionales para la reelección del Presidente atentaría contra la alternabilidad, establecida como principio fundamental de la Constitución en su Artículo 6. El carácter alternativo del Gobierno no debe confundirse con la garantía de celebración de elecciones periódicas, también contemplada en el mencionado artículo".

El escrito dado a conocer ayer en rueda de prensa indica que "la alternabilidad en la Presidencia de la República, en tanto y en cuanto principio fundamental de la Constitución, no puede ser eliminada mediante los procedimientos de enmienda o reforma constitucional".

Subrayó que de las vías de modificación a la Constitución, es la enmienda la "de menor alcance cuantitativo y cualitativo, por lo que es insólito que a través de ella pretenda lograrse un cambio constitucional de innegable profundidad".

Además de la vulneración que al principio de alternabilidad significaría la aprobación de la enmienda, el decano de Derecho de la UCAB recordó que la reelección continua o indefinida era un "contenido medular" del proyecto presidencial de reforma a la Constitución que fue sometido a referendo el 2 de diciembre de 2007 y que el pueblo rechazó.

"El artículo 345 del texto fundamental prohíbe replantear en el mismo período constitucional las iniciativas de reforma rechazadas. El uso de la denominación y del trámite de la enmienda para llevar a cabo dicho cambio no hace inaplicable el precepto citado, pues el espíritu o razón de ser de tal norma igualmente se opone a la presentación de la propuesta de modificación constitucional indicada", aseguró.

En nombre de los decanos de cinco universidades del país, Casal "exhortó al presidente de la República y a los diputados que respaldan su proyecto político a desistir del intento de impulsar una enmienda que no es admisible constitucionalmente, a lo cual se suma la manera acelerada o sumaria como pretende ser aprobada, incompatible con la amplia consulta y debate público que exigen el principio y el derecho de participación ciudadana".

No es la primera vez que los decanos de Derecho cuestionan la intención del Presidente de modificar la Constitución. En noviembre de 2007 introdujeron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad contra el proyecto de reforma de la Carta Magna aprobado por la Asamblea Nacional, al asegurar que los cambios propuestos violan principios fundamentales del sistema democrático.

Discurso propicia inestabilidad Otro de los puntos abordados por los juristas en el manifiesto es el del clima de conflictividad que se ha generado por la reacción del Poder Ejecutivo Nacional ante los resultados electorales del pasado 23 de noviembre.

"Expresamos nuestro rechazo a las declaraciones o medidas del poder central contrarios al pluralismo político y al federalismo descentralizado constitucionalmente consagrados".

Al respecto Casal subrayó que la actitud del jefe de Estado "constituye una situación insurreccional o un factor de desestabilización política (...) debemos recordar que en una democracia no es solamente normal, sino que es apropiado que exista pluralismo político y, en el caso de un estado federal como el nuestro, el presidente de la República debe cooperar con el funcionamiento de las demás entidades político-territoriales".

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