En febrero de 1999 Hugo Chávez asumió la Presidencia con un discurso pro derechos humanos, pero casi diez años después los resultados de su gestión revelan "graves déficit" en esa materia: El número de homicidios aumentó; el sistema de salud sigue en crisis, como lo demuestra la reaparición de enfermedades que se consideraban erradicadas; y en materia de vivienda en toda la década no se ha cumplido la meta de casas a construir.

La denuncia la formuló el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), cuyos miembros ayer presentaron, en el Ateneo de Caracas, el vigésimo informe anual de la organización sobre las garantías fundamentales en el país.

Sin embargo, fue en la situación del derecho a la vida donde Marino Alvarado y Laurent Labrique manifestaron mayor preocupación. La razón: De enero a septiembre de 2008 contabilizaron 10.606 asesinados, lo que representa 11% más en comparación con el año anterior; y 390 fallecidos en las cárceles. Asimismo de octubre de 2007 a septiembre de 2008, período que abarca el estudio, registraron 247 víctimas de ejecuciones policiales, 70 más que en el lapso previo.

"Pareciera que al Gobierno no le duele lo que aparece diariamente en la televisión: Las madres llorando a los hijos, pues la mayoría de los asesinados por la delincuencia o por los grupos parapoliciales son jóvenes", afirmó Alvarado, quien previamente advirtió: "La desidia gubernamental y la impunidad producen y hacen cada vez más vulnerable el derecho a la vida".

Por su parte, Labrique exigió de las autoridades mayor atención al drama de la delincuencia. "Si bien el Estado no es el responsable directo del alto índice de homicidios, sí lo es por omisión. La principal preocupación del Estado debe ser proteger la vida de sus ciudadanos", agregó.

También cuestionó la efectividad de operativos como el plan Caracas Segura. "Los responsables de ese plan dijeron que habían detenido a 15 mil presuntos delincuentes, pero la cifra de la población reclusa ronda los 25 mil reos, lo cual nos demuestra que estos resultados son poco creíbles", indicó.

Una de cal y otra de arena En su informe Provea resaltó como un hecho positivo que durante los últimos 12 meses haya caído el número de manifestaciones reprimidas por las autoridades policiales y militares.

La organización registró 1.763 protestas, la cifra más alta en la década chavista, pero sólo 83 fueron disueltas, lo que equivale a un 4,94%. En el período anterior habían sido impedidas el 6,44% de las acciones de calles.

"En años anteriores advertíamos que había cierta desesperación del Gobierno frente a la protesta social, pero estas cifras demuestran que está garantizado el derecho de manifestación", dijo Alvarado.

Acto seguido denunció el incremento de los ataques contra la libertad de expresión, los cuales ascendieron hasta las 146 y dejaron 181 víctimas, representando un incremento de 31,18% en comparación con 2007.

Además de condenar las ya tradicionales agresiones contra periodistas, el vocero manifestó su preocupación por los crecientes obstáculos para acceder a la información oficial, lo cual, a su juicio, "es contradictorio con el discurso oficial de la contraloría social. ¿Cómo se puede hacer contraloría social si a la gente no les permite acceder a informes y balances", concluyó.