Juan Carlos Loyo, presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), afirma que "el latifundio es histórico en nuestro país, y ya en la década de los 90 el Banco Mundial determinó que Venezuela y Brasil tenían la peor distribución de tierras. Aquí se detectó que 0,49% de los predios del país concentraban 6,6 millones de hectáreas, de los 30 millones de hectáreas agrícolas, pecuarias y forestales".

-¿Cuál es la situación de las tierras agrícolas?

-No todas se trabajan. Estamos esperando resultados del censo agrícola para saber cuántas están produciendo; pero a partir de las cifras de 1998 vemos la concentración que hay.

-¿Cuántas son de la Nación?

-Casi todas, prácticamente todas. En su gran mayoría, sobre el origen legal de las tierras del país, es que son tierras de la Nación porque el proceso de ocupación fue irregular. Hay muy pocas personas que tienen su documentación al día.

-¿Cuándo arrancó esa ocupación?

-Antes de la guerra de Independencia. La Corona española entregó tierras, y esos títulos fueron debidamente validados ante la República en 1830. Y quien tenga esa titularidad el INTI se la reconoce. Otra forma de reconocerla es cuando haya sido transferido por la Nación a privados, lo que ocurrió mucho en el pasado. De resto, la gran mayoría de las tierras no tiene ninguna demostración de propiedad privada porque, tal como Doña Bárbara, era gente que llegaba a un territorio, lo ocupaba y decía que eran los dueños. El INTI pide que tenga un origen: ¿las compró al dueño, la República se las dio, usted trae un título de la Corona validado o fue un haber militar? Cuando se reconoce el origen se pide que haya continuidad en la cadena porque hay muchos casos en los cuales la documentación tiene un origen pero entonces saltan de un año a otro y eso comprueba que alguien hizo una documentación ilegal.

En los casos donde se demuestre propiedad privada el Estado se lo reconoce, tal y como se ha hecho. Pero en líneas generales, 90% de las tierras que se han traído ante el INTI para tener la titularidad, hemos encontrado que son tierras de la Nación. Y ya hemos revisado 6 millones y medio de hectáreas

-¿Cuáles son los pasos para un rescate?

-En la Ley de Tierras se avanzó al establecerse como latifundio toda extensión de tierras que supere el promedio de ocupación de la región. También se considera latifundio si el rendimiento es 80% por debajo del rendimiento idóneo, que se calcula de acuerdo a la vocación de los suelos, su capacidad de uso y la tradición de producción de la zona.

Los últimos años hemos llegado a situación donde fincas que se sostengan con 50% del rendimiento idóneo se analizan para permitirles su desarrollo.

Ahora, con el patrón de parcelamiento se entiende que las tierras deben tener un uso adecuado de acuerdo con la capacidad de los suelos. Suelos tipo I y II que estén ociosos serán recuperados porque son altamente fértiles, producen cebolla, tomate, hortalizas. Y ese patrón es el que aplicaremos para valles como el de Quíbor, Aragua, Carabobo o el Tuy.

-¿Cómo está la situación en Barinas?

-Allí rescatamos el hato Caroní -2.800 hectáreas que son de la Nación- en una zona en la que el promedio es 230 hectáreas por finca. También estamos trabajando el hato Santa Cruz, que son cerca de 5.000 hectáreas. Allí la familia Chejín llegó y las dividió en cinco fundos entre miembros de la familia para desviar la atención del Estado. Recientemente atendimos una presunta invasión por personas que no son del cercano pueblo de San Silvestre, sino que son extraños a la zona, incluso colombianos.

Al respecto queremos aclarar que no hemos emitido ningún pronunciamiento sobre la propiedad de Santa Cruz, pues apenas están entregando los documentos; ni tampoco nos hemos pronunciado sobre la negativa del INTI a cancelar bienhechurías. Además, categóricamente decimos que no apoyamos ningún tipo de invasión de tierras.

-Hay un grupo campesino que quiere incorporarse a los proyectos agrícolas en esos predios.

-En el hato Caroní conversamos con el Frente Campesino Roa, para determinar el número de personas que pueden ingresar a trabajar un proyecto en colectivo, para que el fundo sea sustentable, mientras el resto de los campesinos ocupa otras tierras. La intención es que con las comunidades se levante una propuesta de organización social de la comuna.

La agricultura capitalista sigue sometiendo a las personas a un régimen de explotación y sobre esa base es que el presidente Chávez habla de la propiedad social, entendida como la posibilidad de que las tierras sean de un colectivo, de toda la Nación, pero que el colectivo reciba el derecho a trabajarlas. Esto pasa no por partir las tierras en pedazos para cada familia -como en la Reforma Agraria-, sino por trabajar un modelo que permita el trabajo solidario entre todos.

-¿Cómo atenderán los pagos de las bienhechurías?

-Profesionales avalados harán los avalúos. Ahí se considera para qué se utilizarán esas mejoras y luego se procede a cancelar. Este año el INTI cuenta con BsF 12 millones para atender esos pagos, pero todos están sujetos a que las bienhechurías sean para uso de propiedad social y proyectos estratégicos.

Además, la parte que reclama el pago de la bienhechuría tiene que presentar todos los documentos legales de titularidad privada de esas bienhechurías, porque nos hemos encontrado con mejoras hechas por el antiguo Instituto Agrario Nacional (IAN) que la persona usufructúa de manera privada.

-¿Cuántas fincas se afectarán en Lara?

-A lo largo del par vial Acarigua-Barquisimeto hay 20 fundos que concentran casi 30.000 hectáreas. Sólo Orlando Alvarado, en El Piñal, tiene 4 fundos; y Smurfit Cartón de Venezuela tiene 3 fundos. Por el solo hecho de que fueran beneficiarios absolutos de esta autopista, y para aprovechamiento de la colectividad, comenzamos a intervenir un fundo de cada caso. Los demás están siendo inspeccionados.

-Y con las otras fincas de Alvarado o Smurfit, ¿qué pasará?

-Se analizará cada caso. Nos hemos topado con fincas que son usadas para mover un solo rebaño a través de cuatro propiedades. Conversamos con los productores para que nos digan cuánta es la superficie que efectivamente pueden trabajar porque esa la respetaremos. La que no necesiten para producir, la recuperaremos.

-¿Qué han negociado con Smurfit Cartón?

-Hay una sola posición: el municipio Simón Planas tiene más de 60% de los recursos acuíferos de Lara, y la siembra de eucalipto que hace Smurfit está dañando el medio ambiente y consumiendo agua. Por eso les proponemos que reubiquen su actividad forestal en otras áreas y eviten el deterioro ambiental que se está provocando.

-¿Pero habrá intercambio de tierras con el Estado o Smurfit debe reubicarse en otra de sus propiedades?

-Están abiertas las dos opciones, bien sea en sus propiedades o en otras donde les indiquemos que los predios sí tienen vocación forestal, ahí mismo en Lara.

-¿Qué pasará con las 53.000 hectáreas por rescatar en Aragua y Carabobo?

-El principal peligro del valle Aragua-Carabobo no son las actuaciones del INTI, sino el proceso de urbanización irregular y descontrolada en ciudades como Tejerías, Maracay, San Diego o San Joaquín. El segundo peligro es la actividad de cría porcina y avícola a las orillas del lago de Valencia y ya el Ministerio del Ambiente emitió un decreto prohibiéndolas porque contaminan el lago. También hay caña en mal estado, y haras de cría de caballos que están usando los mejores suelos para esa producción nada adecuada.

Esas 53.000 hectáreas deben aprovecharse para lo mejor que se pueda sembrar, bien sea que lo siembren los privados o bien sea los colectivos a través de la propiedad social. Si un privado siembra hortalizas, recibirá beneficios de parte del Estado. Todos esos terrenos son tierras de la Nación, incluyendo 5.000 hectáreas totalmente ociosas.

-¿Y las granjas avícolas y porcinas?

-El Ministerio del Ambiente desde hace tres años está en un proceso de transformación de esas tierras. Está reorientando el uso porque se están violando la Ley de Tierras y la Ley Penal del Ambiente. Se han ido cerrando zonas y dando la oportunidad para que puedan reubicarse en otros fundos. A muchos de esos productores el INTI les ha conseguido tierras en otros sitios, para que se mantenga la actividad productiva.

-¿En la zona del Central El Palmar, en Aragua, también habrá reorientación de la siembra de caña?

-Sí, esa es la idea, pero aquí sí estamos planteando diversas etapas. Se está estudiando muy bien dónde se arrima la caña de azúcar, cuánto se produce; independientemente de quién lo haga porque lo que nos interesa es que haya una buena producción. Pero paulatinamente, con el tiempo, estaremos cambiando los cultivos que hay allí. Eso podría ocurrir en dos o tres años.