Más de 711 millones de dólares desaparecieron del mapa. En las alcaldías y gobernaciones que pasaron a manos de la oposición han documentado el robo, pérdida o evaporación de una suma que bien pudo financiar otra línea como la 4 del Metro de Caracas, seis hospitales como el Cardiológico Infantil de Montalbán o nueve viaductos, como el de la autopista Caracas-La Guaira. Y la cifra se expresa en dólares para que en este caso no valga la variable de la inflación.

Para que cualquiera se haga una idea del tamaño de las denuncias de corrupción de estos días, los casi 1.530 millones de bolívares fuertes que suman como desaparecidos en las gobernaciones de Carabobo, Miranda y Táchira, y las alcaldías de Maracaibo, Sucre y Metropolitana, equivalen a 1% del presupuesto total de la nación.

Esa cifra, de cualquier modo, es sólo un trailer de la película que proyectan en los espacios que la oposición conquistó en noviembre: en cada uno de esos gobiernos advierten que precisar todas las irregularidades -con oficinas en las que ni siquiera hubo actos de entrega formal- es misión imposible.

El secretario de gobierno del estado Táchira, Leomagno Flores, detalla casos de funcionarios que aprovecharon la coyuntura de la reconversión monetaria, para cobrar viáticos con cheques de entre 12.444 y 461.500 bolívares viejos en bolívares fuertes.

Dice que tiene un abanico de pruebas para ese y otros hechos irregulares, que consignarán en la Contraloría General de la República en los próximos días. Pero advierte, de igual manera, que el verdadero daño patrimonial va más allá del hueco fiscal que hayan podido encontrar, porque si el dinero del que disponen no es suficiente, alcanza mucho menos para reponer los vehículos y edificios que fueron traspasados o invadidos, luego de que el Partido Socialista Unido de Venezuela perdiera las elecciones en esa entidad.

"La antigua secretaria de gobierno firmó 160 documentos el pasado 31 de diciembre, para traspasar a última hora varios de los bienes de la gobernación. ¿En qué momento pudo estar en tantas notarías el mismo día?", pregunta Flores. "Aquí hicieron caída y mesa limpia".

Y el del Táchira no es un caso aislado. Ya es bien sabido que el ex alcalde José Vicente Rangel Ávalos usó las adjudicaciones directas, para beneficiar a un pool de empresas que lucraron a lo que su sucesor, Carlos Ocariz, ha llamado "un mismo clan familiar". No es menos conocido que la administración de Diosdado Cabello se llevó hasta los cuadros y mascotas de la Gobernación de Miranda.

Hay casos mucho más graves a la hora de sacar la calculadora, pero al procurador de Miranda, Rafael Guzmán, no dejan de sorprenderle los más de 400 millones de bolívares viejos, que el Instituto de Vivienda y Hábitat de la entidad usó para remodelar dos de sus sanitarios. Cree que esa situación ilustra muy bien la manera de actuar de la vieja administración. "¡Es que no hay baño que pueda costar ese monto!", exclama.

Guzmán no se cansa de referirse a "una suerte de bacanal". La juerga, sin embargo, no fue exclusiva para su región: entre las 13 denuncias concretas que reposan desde el pasado 16 de abril en la Contraloría General de la República contra el ex alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, hay una factura a su nombre por casi 100 millones de bolívares de los de antes, para comprar cadenas y gargantillas con los recursos de una partida de "gastos de representación".

En la Alcaldía Metropolitana también hay mucha tela que cortar. Más de 178 millones de bolívares de los de antes, por ejemplo, fueron empleados para fabricar 2.100 agendas con hojas que muestran los rostros de Fidel Castro y el presidente Hugo Chávez, junto al del ex alcalde Juan Barreto. Nada que no se haya visto antes en el país, sino fuera porque ese material POP corrió por cuenta del Fondo de Jubilados de los Obreros de ese organismo. "Hemos detectado hasta cobros de cheques falsos con complicidad de personal de los bancos", resume el presidente de la Comisión de la Verdad y director de Planificación y Control Interno, Caracciolo Betancourt.

Y Carabobo no se queda atrás. En la gobernación de ese estado prometen destapar la olla muy pronto. Adelantan, de todo modos, que sólo dan con 4.000 de las 35.000 viviendas que publicitó la campaña del ex gobernador, Luis Felipe Acosta Carlez.

Las cifras del gobierno de Henrique Salas Feo advierten sobre 500 mil millones de bolívares viejos perdidos en casos documentados de presunta corrupción, lo que ubica a la administración de Acosta Carlez en el primer lugar, por encima de los 340 mil millones de bolívares que se perdieron en la Alcaldía Metropolitana, los 306 mil millones de bolívares que se esfumaron de Maracaibo, otros 153 mil millones que salieron del municipio Sucre sin rumbo conocido y 230 mil millones en el caso de Miranda, cuya auditoría hasta ahora se ha limitado al año 2008.

Clodosbaldo y la montaña A diferencia de las otras administraciones, en Táchira aún no precisan el monto total que desapareció. En esta página, de cualquier modo, no caben todos los casos de supuesta corrupción que hubo en los gobiernos regionales. Tampoco sería posible detallar sus intríngulis, sólo se conocen estos porque se trata de instituciones en las que hubo alternancia. Pero más allá de las anécdotas, lo que queda bien claro es que la Contraloría, la Fiscalía General de la República y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional tienen trabajo de sobra, si de verdad quieren perseguir y castigar la corrupción.

Y como a veces Mahoma va a la montaña, en el organismo que dirige Clodosbaldo Russián ya recibieron denuncias de cuatro de los seis bastiones de la oposición. Para que quedara constancia, Ocariz incluso convocó a la prensa, al momento en que consignó 14 cajas con acusaciones contra la administración de Rangel Ávalos. "Esta investigación se hizo sin connotaciones políticas, esperamos que de igual manera la Contraloría nos diga qué pasó con esos recursos de Sucre", dijo el pasado 29 de abril.

Sólo faltan Carabobo y Táchira por desfilar en las dependencias del Poder Ciudadano. A través de su departamento de prensa, la Contraloría informó que aún no pueden dar cuenta del destino de cada caso porque están en el período inicial, en el que estudian su validez y determinan el departamento que debe asumirlo.

Russián, por lo pronto, no se ha referido a ninguno de los casos que suman más de 711 millones de dólares que se volaron en las regiones y en los que coinciden denuncias de presunta malversación de fondos; sobreprecios; actas de comodato y traspasos de bienes con vicios legales; proselitismo político financiado con recursos del erario público y empresas privilegiadas que responden a los intereses de los gobernantes de turno.

Este viernes, sin embargo, el contralor tuvo palabras para fijar posición sobre la resolución del Parlamento Europeo que condenó el "deterioro de la democracia" venezolana, por el caso del ex alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales. Aseguró que su despacho demostró enriquecimiento ilícito de Rosales durante su gestión en la Gobernación del estado Zulia, por lo que acusó a la Unión Europea de pregonar una doble moral, en la que aplaude la corrupción de opositores al Gobierno.

Sea lo que sea, las noticias sobre corrupción en Venezuela son tema de debate hasta en el extranjero. No es que el problema apareció ayer, pero el Índice de percepción de la corrupción, que desde 1995 publica la organización no gubernamental, Transparencia Internacional, advierte que ahora hay menos confianza en las instituciones responsables del tema.

El año pasado, el país bajó su histórico de más de 2 puntos sobre 10. Nunca ha dejado de reprobar el examen, pero en 2008 tocó fondo con una nota de 1,9, que ubica a la República Bolivariana de Venezuela de penúltima en la lista de los 32 países del continente, únicamente por encima de Haití.

La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, propone empezar por fortalecer los mecanismos de contraloría en todos los niveles. "Los gobiernos tienen que tener una política de transparencia de acceso a la información pública, que contemple publicar el destino de los recursos y que explique sus decisiones y mecanismos de contratación". Y no se trata de una concesión. "Así lo dice la Constitución".

Al margen de las consecuencias que acarrea el robo de los recursos públicos, Freitas señala que la lucha contra la corrupción es fundamental para cualquier gobierno o sociedad, porque mantiene la gobernabilidad y la confianza. "Es necesaria para la paz social", advierte.

jpoliszuk@eluniversal.com