Con el propósito de poner fin a las campañas que, según ella, buscan generar "angustia, zozobra y pánico" entre la población, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, propondrá a la Asamblea Nacional que redacte una ley sobre delitos mediáticos.

El anuncio lo hizo la funcionaria durante su programa En sintonía con el Ministerio Público, el cual transmite Radio Nacional de Venezuela (RNV), donde criticó los avisos publicitarios que el Centro de Divulgación de Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) ha lanzado contra el proyecto de Ley de Propiedad Social.

"Tenemos algunas investigaciones en las que se hace referencia a que de alguna manera, a través de los medios de comunicación, se están desarrollando conductas que es probable que no estén tipificadas como delitos, sino que la responsabilidad generalmente es administrativa. Estoy hablando de esto y no tengo claridad acerca de este asunto, pero el punto es que si no lo hay yo voy a pedir que se sancione una ley sobre delitos mediáticos, porque no puede ser", afirmó.

Instantes antes Ortega Díaz reveló que conversó sobre el asunto con el consultor jurídico de su despacho, Rafael González, quien le dijo que no encontró ningún texto que permita castigar con sanciones privativas de libertad a televisoras, radios y periódicos o a sus trabajadores y directivos por los mensajes que emiten.

Sin embargo, minutos después reconoció que el artículo 296-A del Código Penal vigente sí permitiría adoptar algunas sanciones y lograr que los medios de comunicación se dediquen a "educar, distraer, informar objetiva y verazmente".

Las palabras de Ortega Díaz coincidieron con el anuncio del ministro de Infraestructura, Diosdado Cabello, de que los medios que difundieron la campaña publicitaria de Cedice serán sancionados.

Minutos después de la fiscal general acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde condenó junto a las máximas autoridades de los poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano, que el gobierno de facto de Honduras esté "cerrando medios de comunicación impidiendo con ello la libertad de expresión".

A finales de mayo el presidente Hugo Chávez demandó de los magistrados del TSJ y de la jefa del Ministerio Público que renunciarán si no estaban dispuestos a poner fin al "envenenamiento mediático".

Días después de este emplazamiento Ortega Díaz anunció que su despacho había creado una comisión especial, la cual se encargaría de determinar si las televisoras, emisoras de radio y periódicos se ponían de acuerdo a la hora de difundir informaciones que, a su criterio, generaban "zozobra y temor".

Lucha contra la corrupción La fiscal general volvió a referirse al informe del Banco Mundial que coloca a Venezuela entre los países más corruptos del planeta y tras rechazar su contenido, aseguró que su despacho tiene un gran empeño en luchar contra las irregularidades administrativas.

"En el 2008, de enero a septiembre, como resultado alcanzado por la Unidad Anticorrupción se lograron imputar 61 personas y se acusaron 6 personas, la acusación no es nada más depende del Ministerio Público sino del Poder Judicial también", agregó.