Las universidades públicas del país exigen participar en el debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Educación (PLOE) y rechazan la premura que desde el Ejecutivo se ha planteado para la aprobación del proyecto: antes de que culmine el mes de agosto.

En una reunión realizada este viernes en la Universidad Central de Venezuela (UCV) los secretarios de las casas de estudios superiores solicitaron al director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) Antonio Castejón no sólo que se escuchen sus opiniones en torno al proyecto del instrumento legal sino que más allá de eso sean éstas tomadas en cuenta.

En ese sentido destacaron que una ley de vital importancia como esta debe ser producto del consenso entre todos los sectores involucrados.

Entre las preocupaciones que manifestaron las universidades sobre la propuesta elaborada por Héctor Navarro y Luis Acuña, ministros de Educación y Educación Superior, respectivamente, destacan que plantea otorgar control absoluto, administrativo e ideológico al Ejecutivo sobre todo el sistema de enseñanza.

Al respecto exhortaron al Gobierno y a la Asamblea Nacional a diseñar un Estado docente moderno", en el que la sociedad sea la que establezca sus prioridades.

Amalio Belmonte, secretario de la UCV, subrayó que la instrumentación de un cambio como el que está planteado compromete a la democracia venezolana al tiempo que recordó que la Constitución establece en el artículo 102 que la educación debe estar fundamentada en todas las corrientes del pensamiento.

Explicó que el documento denominado "Aportes para la elaboración de la Ley Orgánica de Educación" entregado por Navarro y Acuña al Parlamento, solicita definir al esquema educativo nacional como una estructura cuyo fin es "construir al hombre nuevo de la revolución bolivariana" para sustituir el modelo neoliberal vigente producto de la Cuarta República. "Lo que en esencia se traduce -agregó- en que el Gobierno requiere asegurar un sistema que proporcione conciencias reproductoras y acríticas del modelo oficial".

Belmonte cuestionó la intención del Gobierno de hacerse del control absoluto del ingreso a las universidades no sólo de alumnos sino de profesores.