El pasado mes de abril el Tribunal Supremo de Justicia admitió la demanda contra el cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los contratos de preventa de casas y mañana se realizará la audiencia preliminar del caso.

El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, indicó que las familias afectadas por la aplicación del indicador en los contratos podrán participar en el proceso.

En esta audiencia preliminar los afectados podrán exponer su situación y las empresas presentar sus alegatos. Una vez cumplido ese paso, se realizará la audiencia pública, la cual podría efectuarse en un lapso de 30 días hábiles.

Vivas, quien además participa en la comisión mixta de la Asamblea que analiza los contratos de vivienda, comentó que se espera por la decisión del máximo tribunal para que se declare ilegal ese cobro y se proceda a la revisión de los contratos. Los diputados insisten en que se tienen que efectuar devoluciones.

El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda desde el pasado mes de junio prohibió el cobro del índice de precios al consumidor en los contratos y obligó a varias compañías a realizar reintegros, en caso de que hubiesen incumplido con la normativa de noviembre de 2008, en la que se llegaron a establecer las limitaciones al uso del IPC.