En América Latina resulta fácil toparse con una bala. La probabilidad de que un joven latinoamericano sea víctima de homicidio es 30 veces mayor a la de un europeo, según declaró José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, durante la II Cumbre de Seguridad Pública de las Américas. Peor que cualquier peste o crisis económica, el problema es crónico en la región: la tasa de homicidios duplica el promedio mundial, el costo económico representa el 15% del PIB, y según la encuesta Latinobarómetro de 2007, el 63% manifestó que su país es muy inseguro. El Salvador es el país con la mayor tasa de homicidios del continente con 59 por cada 100 mil habitantes. Caracas es la ciudad más letal del planeta, con 153 muertes por 100 mil habitantes.

Pero ninguna estadística es tan contundente como la llamada telefónica para decirle que "a fulanito lo mataron". ¿Cuántas ha recibido usted este año? Los números no tienen rostro y los deudos se diluyen entre los gráficos. Como agravante, el subregistro criminal es pasmoso: la OEA calcula que el 25% de los casos de violencia no se denuncian, entre otras razones, porque el 15% de los latinoamericanos y caribeños no tienen papeles que los identifiquen. Además los responsables se diluyen tras la impunidad, la corrupción y las cortinas de humo. Y acá me refiero no sólo a los delincuentes, sino también a las autoridades, cómplices de esta tragedia desde el momento en que renuncian a sus funciones.

El caso venezolano es emblemático para entender cómo la política agrava la epidemia de inseguridad. Para la administración Chávez es asunto de una estrategia desestabilizadora y manipulación mediática. Desde el joven tiroteado en un ajuste de cuentas por tráfico de drogas, hasta ciudadanos masacrados en la frontera, la respuesta es huir hacia adelante, ocultar las cifras semanales de homicidios y desmarcarse de responsabilidades. Lo más sorprendente es que la población no le atribuye la culpa al Gobierno, pero tampoco es capaz de orquestar un movimiento en contra de los criminales. Como sucede en El Salvador, y de cierta forma en zonas de México, y Brasil, los ciudadanos son rehenes de los delincuentes y víctimas de los gobiernos.

Las causas de la inseguridad en América Latina son tan complejas como sus soluciones. Pero esto no puede ser excusa para el desangramiento. Claudicar no es política de gobierno, y mucho menos politizar la muerte en función de escurrir el bulto.

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