Esta semana se realizó un acto público de destrucción de 32 mil 477 armas de fuego y de fabricación no industrializada en la sede de la empresa Siderúrgica del Turbio Sociedad Anónima S.A., en el estado Lara. La eliminación de ese arsenal de muerte constituye un acto muy positivo que contribuye sin duda a reducir los recursos de los violentos, el cual debe ser una punta de lanza de numerosas y permanentes destrucciones masivas de armas usadas por el hampa en todo el territorio nacional.

Cálculos de Amnistía Internacional acercan a los seis millones el número de armas de fuego que están en las calles venezolanas. El diputado Juan José Mendoza, de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, calculaba ese número entre nueve y 15 millones. Pero sea cual fuere la cifra real, lo cierto es que sólo un millón 400 mil armas aproximadamente están formalmente registradas ante la Dirección General de Armas y Explosivos (DARFA), y menos de una cuarta parte de ese porcentaje actualizó su registro cuando le fue requerido.

La sola dimensión de estas cifras pone los pelos de punta a cualquier persona y refleja la enorme tarea que tiene entre manos el gobierno nacional en esta materia; área en la cual sin lugar a dudas encontrará escollos importantes pues el negocio que representa la compra y venta de armas no es un secreto para nadie. Enormes redes delictivas dentro y fuera del país se lucran con este negocio de la muerte y la adquisición de un arma de fuego se ha convertido casi en un juego de niños. Particular mención merece, de cara a una política de desarme, el control de las armas orgánicas que están en los cuerpos policiales y sobre las cuales existen subregistros o incluso ausencia de registros confiables, lo cual se presta para que las mismas (o las municiones que ellas utilizan) caigan en manos de la delincuencia común.

Crear una política de desarme consistente, permanente y confiable es unos de los mandatos expresos del Consejo Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana, órgano de reciente data adscrito a Vicepresidencia y que a nuestro entender debe ser potenciado materialmente en su capacidad de acción y respuesta para poder cumplir a la brevedad posible con esta tarea, y debe trabajar de manera coordinada con los demás órganos del Poder Público y muy particularmente con la Asamblea Nacional. En dicha instancia legislativa se adelanta una ley en materia de desarme que a mi entender constituiría un grave error se se aprobara antes de haber establecido un vínculo con quienes están construyendo políticas públicas desde el Poder Ejecutivo nacional, sin que esto se entienda como interferencia de uno sobre otro.

Una legislación estricta para sancionar el porte ilícito de armas; una política educativa profunda desde la infancia para educar en una cultura de paz, respeto a los derechos humanos y resolución pacífica de conflictos; un control estricto de las armas en manos de los organismos del Estado y un cerco total a los mercaderes de armas son medidas claras que se deberían impulsar en el corto plazo para comenzar a destruir este círculo vicioso de muerte y violencia que nos envuelve.

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