El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá explicarle al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los motivos por los cuales no ha cumplido con todos los trámites para que Venezuela esté sometida a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a pesar de que la Asamblea Nacional ya aprobó este tratado hace más de cuatro años.

El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa admitió a trámite la demanda por omisión que el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) interpuso en noviembre de 2008 contra el despacho encabezado por Nicolás Maduro.

El también conocido como Protocolo de San Salvador fue aprobado por el Parlamento hace más de cuatro años y ya fue publicado en Gaceta Oficial. Sin embargo, la Cancillería no ha entregado copia del texto a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Marino Alvarado, coordinador de Provea, explicó que esta situación implica que "el tratado es ley en Venezuela y debe ser cumplido por las autoridades nacionales, pero en el caso de que no ocurra los venezolanos no pueden acudir ante las instancias internacionales para denunciarlo".

La Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga a los estados del hemisferio a que garanticen a todos sus ciudadanos derechos como la educación, salud, trabajo, la recreación, la cultura, entre otros; y contempla mecanismos judiciales para lograr que los mismos sean cumplidos en caso de que sean vulnerados.

El Estado venezolano mantiene una actitud desafiante frente al sistema interamericano de derechos humanos. El Gobierno nacional cuestiona constantemente a la Comisión Interamericana y no ha cumplido totalmente ninguna de las decisiones de la Corte Interamericana. En diciembre de 2008, la Sala Constitucional del TSJ pidió al Ejecutivo denunciar la Convención Americana.