Al parecer la fulana ley que regula las tierras urbanas fue aprobada para ser aplicada con énfasis en Mérida, porque desde hace pocas semanas no ha quedado un solo terreno privado en nuestra ciudad que no esté bajo "custodia" (tomados a la fuerza, ni más ni menos), para que allí se construyan soluciones habitacionales. He viajado a otras entidades y no he visto este problema con la agudeza como lo tenemos aquí. Ah, por supuesto, con la aquiescencia de las autoridades oficialistas, que no sólo se han hecho las de la vista gorda ante los ruegos de los legítimos dueños para que se respeten sus derechos, sino que con sus discursos altisonantes y constantes arengas, estimulan lo que a todas luce es de inmensa gravedad.

Por supuesto, la Universidad de Los Andes, como la gran institución de la región (por fortuna, en manos no-oficialistas), se ha visto afectada con la invasión (que ellos niegan con todas sus fuerzas y dicen que sólo está custodiado) del mejor terreno virgen (lomito, así lo llaman los entendidos) que se encuentra en el municipio Libertador, frente a la facultad de Farmacia y Bioanálisis, en cuyas hectáreas la institución tiene proyectado desde hace muchos años (y por negligencia gubernamental no se ha hecho realidad) un campus para que allí se construyan la facultad de Odontología, y diversas dependencias de las facultades de Medicina y Farmacia.

Como merideño estoy consciente del déficit habitacional, que erige a la entidad como la de mayor índice de precios de inmuebles por la escasa oferta y la gigantesca demanda. Pero una cosa es reconocer esto, y que la gente tiene derecho a tener viviendas dignas, y otra cosa es aceptar el que se vulnere la propiedad privada, hasta el punto de crearse un caos social que podría llevar a situaciones muy lamentables. Es más, por los vientos que soplan, la crisis ya escapa al control del gobierno regional y está en manos de grupos de envalentonados, que se han cerrado a cualquier alternativa razonable para la solución del problema.

Como la ley entra por casa, considero que el gobierno regional debería asegurarles a estas personas la construcción de viviendas en terrenos ejidos, o de propiedad del Estado, y no lavarse las manos ante este inmenso problema social echándole encima el lastre (de años y años de desidia e ineficiencia) a quienes no les corresponde dar respuesta a lo planteado; es decir, a los entes privados o a la propia universidad. Como se ha de suponer, se encendió en el seno de la casa de estudios superiores el alerta roja, y sus autoridades han llevado adelante diversas gestiones para hacer entrar en razón, no sólo a los que se autodenominan como "custodios" de dichas propiedades, que se amparan en una ley atrabiliaria y fascista, sino ante las autoridades regionales para que hagan le pongan cese a esta perversa avalancha de invasiones que amenaza con generar un gran caos.

Los días pasan y los habitantes de Mérida y sus zonas aledañas vemos con frustración y amargura cómo se suman más y más terrenos en manos de los custodios, y nada se hace para detener este torbellino. Indudablemente, la ciudad no es la urbe plácida y amigable de otros tiempos, y muchos la vemos ya como una ciudad en entropía, desatendida en sus inmensos problemas urbanísticos y ecológicos, huérfana de cariño, ávida de gobernantes lúcidos y honestos que la conduzcan por derroteros de respeto, progreso y paz social.

Desde los tiempos de la llamada Rebelión de los Comuneros, por allá a finales del siglo XVIII, no se veía en Mérida tanto desasosiego y molestia del colectivo. Definitivamente, estamos sobre una bomba de tiempo.

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