Un par de ciudadanos revisan una obra y detectan allí un "riesgo manifiesto de daño al patrimonio público".

Posteriormente llevan la denuncia a la Contraloría General de la República que podrá adoptar -en un lapso no mayor de tres días- las siguientes medidas: paralizar la obra, detener el pago o suministro de bienes, o solicitar la congelación de cuentas bancarias de los comprometidos en el hecho.

Así plantea el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, que se ejecute el "control preventivo" en el marco del proyecto de Ley Orgánica de Contraloría Social.

Russián envió a la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, una propuesta de 18 artículos para regular la vigilancia popular. El funcionario es partidario de fortalecer el "control preventivo" para "hacer efectiva la participación de los ciudadanos como integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal".

El jefe de la Contraloría General remitió estas ideas, luego de haber revisado y cuestionado algunos de los puntos del proyecto de Ley Orgánica de Contraloría Social que elabora la Comisión de Participación Ciudadana de la AN.

Nada oculto

Russián sugiere incorporar un capítulo referido a la "transparencia" con un artículo que "obligue" a todos los ciudadanos y funcionarios públicos a "suministrar la información y documentación requerida en el ejercicio del control social, siempre que la tengan en su poder". En otra disposición expone: "los órganos del sector público quedan obligados a publicar en sus oficinas de atención ciudadana y en el portal electrónico institucional (...) los planes, programas, proyectos y contratos que ejecutan, así como cualquier acto de gestión general que realicen".

El borrador de la Contraloría General dice que, para aplicar el "control social", los ciudadanos tendrán que solicitar a las instituciones los datos que necesiten "por escrito". Russián exige dejar en claro "el carácter ad honórem" de la contraloría social.

La Contraloría General subraya que los supervisores populares deben "asentar en informes" sus hallazgos y transmitir el resultado de las investigaciones "a los organismos competentes, para adoptar las medidas correctivas o sancionatorias a que hubiere lugar".

Los diputados consideran que los contralores sociales deben estar habilitados para aplicar castigos de "forma directa", valiéndose para ello de la Policía Nacional, la Guardia Nacional o las milicias. Sin embargo, Russián se opone a esto.

Sin manipular

Entre los compromisos de los vigilantes ciudadanos, la Contraloría General enfatiza que "deberán guardar reserva respecto de la información y documentación" que obtengan y "abstenerse de utilizarla con fines político-partidistas, o para obtener beneficios personales, económicos o financieros".

Russián está a favor de generar un registro de contralores sociales, que manejarían los órganos de control fiscal para diseñar políticas de capacitación, seguimiento y evaluación del desempeño de los ciudadanos.