Una década y tres sentencias después, el ex dirigente social Ángel Nava consiguió que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconociera que el Estado venezolano le violó sus derechos, al detenerlo y encarcelarlo injustamente en los años sesenta, y que le ordenará al Gobierno pagarle una indemnización por daños sufridos.

El Ministerio del Interior y Justicia deberá entregarle a Nava, quien hoy tiene 74 años de edad, 200 mil bolívares fuertes por concepto de reparación y además deberá pagarle una pensión mensual por el resto de su vida equivalente a 30 unidades tributarias (1.950 bolívares fuertes).

La orden la giró la Sala Político Administrativa Accidental, en su sentencia número 206, en la cual dictaminó que los dos años que pasó Nava en la cárcel de El Dorado, bajo la Ley de Vagos y Maleantes, truncaron "su proyecto de vida", y por eso también le ordenó al Ministerio Público que procese a los responsables de esta situación.

El fallo de la Sala Político Administrativa es la respuesta a la orden que le giró la Sala Constitucional en noviembre de 2008, cuando anuló una decisión previa de la primera instancia en la que condenaba al Estado por este caso, pero no se le fijaba ninguna reparación al afectado.