El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó una resolución que abre las puertas para la jubilación de un número importante de sus miembros y además les garantiza que sus pensiones no se verán afectadas por las disposiciones de la Ley Orgánica de Emolumentos.

En la normativa, aprobada por la Sala Plena en su reunión de este miércoles, se cita el artículo 89 de la Constitución, el cual establece que "ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales", lo cual se interpreta como un blindaje frente a los recortes de ingresos que impondrá el instrumento aprobado a finales de 2009 por la Asamblea Nacional y el cual fija como tope de los ingresos de los altos funcionarios públicos 12 salarios mínimos urbanos (13 mil bolívares fuertes).

Magistrados consultados informaron que la miembro de la Sala Penal, Blanca Rosa Mármol de León, fue la única que votó en contra de la normativa e indicaron que alegó, entre otras cosas, que el alto tribunal estaba dejando en claro que "la Ley de Emolumentos es inconstitucional, porque atenta contra la progresividad de los derechos, pero en lugar de anularla estaba esquivándola".

En la resolución, de cinco artículos, se le "otorga el beneficio de jubilación a cada uno de los magistrados que cumpla los requisitos" para gozar de ese beneficio.

Las normas del TSJ contemplan que los miembros del máximo juzgado que aspiren a jubilarse deberán cumplir los siguientes requisitos: Tener 9 años como magistrado, 20 años laborando en la Administración Pública o en el Poder Judicial y más de 50 años de edad.

El hecho de que la resolución conceda el retiro a todos los magistrados, sin importar si lo hayan pedido, provocó suspicacias en el organismo rector del Poder Judicial. "Pareciera que quisieran salir de algunos magistrados", dijo un abogado.

Aprobada y aplicada

Ayer la plenaria no solo aprobó la normativa sobre jubilaciones, sino que ya otorgó las dos primeras. Los beneficiarios son los magistrados Pedro Rondón Haaz (Sala Constitucional) y Hadel Mostafá Paolini (Sala Político Administrativa).

No obstante, los informantes aclararon que ambos juristas ya habían manifestado su deseo de retirarse desde meses antes de ser adoptada esta medida, pues ambos presentan problemas de salud.

Sin embargo, el hecho de que la Sala Plena haya concedido a Rondón y a Mostafá la jubilación no implica que ellos vayan a abandonar sus labores de inmediato. ¿La razón? El artículo 2 de la resolución establece que los magistrados a los que se les haya otorgado el beneficio deberán permanecer en sus puestos hasta tanto el Parlamento designe a sus sustitutos.

El TSJ tiene más de dos años sin suplentes, pues la AN no los ha nombrado.

Asimismo, la disposición antes citada, bajo el argumento de "la conveniencia institucional", abre las puertas a aquellos jubilados que lo deseen para que puedan permanecer en sus funciones hasta tanto venza el período para el que fueron designados. En el caso de Rondón y Mostafá su mandato expira en 2012.