País Especular
La depuración
de los poderes públicosYo pienso que el mejor régimen gubernamental para que el individuo pueda alcanzar diversos estadios de desarrollo humano es la democracia y en el caso venezolano ella es perfectible; sin embargo, si se cambian las reglas del juego arbitrariamente y sin buscar el consenso político, los cambios del régimen gubernamental pueden mostrarnos con mucha facilidad otra forma de gobierno menos deseable.
Recientemente los ciudadanos venezolanos hemos empezado a detectar que el aire de la libertad democrática se ha enrarecido y el resultado ha sido de manera casi inmediata un conato de guerra civil, cuya escalada es importante controlar si aspiramos a vivir en armonía.
La atmósfera de libertad democrática se ha visto perturbada porque el Ejecutivo Nacional conjuntamente con los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente han venido adoptando decisiones que se escapan del ámbito de su competencia y, a través de ellas, se han vulnerado las condiciones necesarias para que exista democracia, que consisten en la división del gobierno en tres poderes y en el balance que debe existir entre ellos, para que el poder no se concentre en ninguno y cada uno sea vigilante de la actuación del otro, con la finalidad de no quebrantar el Estado de derecho.
Una serie de indicadores en la vida política nacional han empezado a mostrar cómo la concentración del poder está en las manos del Ejecutivo Nacional. Vamos a referirnos a algunos de ellos.
Es frecuente observar últimamente en el contenido de artículos de opinión, escritos por articulistas de distintas tendencias políticas, el uso de la expresión el país de Chávez para referirse a Venezuela.
Se ha justificado la ausencia de los trabajadores en el proceso de toma de decisiones relativas a la política laboral argumentando que los dirigentes sindicales de la CTV no han ejercido un liderazgo legítimo, sin buscar ampliar la base de la participación de los trabajadores, y es el Ejecutivo quien decide el aumento salarial, sin efectuar diálogo ni concertación con los trabajadores venezolanos. El tratamiento que se le ha dado a la oposición es humillante, como todos hemos podido darnos cuenta en los discursos del Presidente se generalizan las descalificaciones de la oposición acusándola de culpable y corrupta, sin haber dado la oportunidad de vivir el derecho a la defensa. La reiteración de esas descalificaciones en los prolongados discursos políticos ha sido portadora de imágenes cargadas de agresión y resentimiento que han sido transferidas a algunas conciencias de los miembros de la población. Creo que al actuar como dirigentes y líderes del país es necesario que exista mayor cuidado en la manera como se transmiten las ideas por los daños mentales que ciertos mensajes pueden producir.
El Ejecutivo ha adoptado funciones de Poder Legislativo a través de las dos propuestas de Constitución presentadas por el presidente Chávez a la Asamblea Nacional Constituyente, conformada en una gran mayoría por los votos de los electores que fueron conseguidos mediante la manipulación de la elección de los constituyentes a través de un proceso electoral de corte presidencialista. La Asamblea Nacional Constituyente, por una parte, está cumpliendo funciones de Poder Legislativo mediante las comisiones designadas, y por otra, comienza a desenvolverse como el poder que evalúa rectitud, eficiencia y limita el Poder Judicial y el Poder Legislativo por medio de nuevas comisiones que se crean por mandato del Ejecutivo Nacional al decretar la Emergencia Nacional, lo cual produjo el conflicto suscitado el pasado 27 de agosto.
Si bien existen acuerdos parciales en la depuración de los poderes públicos, tal y como lo han expresado actores políticos de la talla de Cecilia Sosa, ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Luis Miquilena, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; José Vicente Rangel, canciller de la República, y el mismo presidente de la República, Hugo Chávez, no es menos cierto que esa depuración no debe asumirse como un asunto político para concentrar el poder en uno solo, sino como un acto administrativo que responda a la gerencia eficiente de un país. La evaluación administrativa es fundamental en las organizaciones, pero no debe hacerse limitando la acción de los poderes públicos constituidos ni declarando culpables a los funcionarios antes de efectuar las evaluaciones respectivas. La evaluación administrativa o depuración de los poderes públicos debe ser un proceso permanente dentro de la Administración Pública. Y al efectuarse no debe convertirse en una cacería de brujas al estilo del Tribunal de la Santa Inquisición, sino que aplicando los principios de la justicia y los procedimientos gerenciales pertinentes sancione en los casos que sea necesario, pero, sobre todo, estimule el trabajo creador y productivo para corregir las fallas que pudieran detectarse y orientar las acciones que todos los venezolanos queremos para transformar la República y percibir al país no como el país de un solo individuo sino como nuestra patria amada, para engrandecerla y sentirnos orgullosos, tanto dentro del territorio nacional como fuera de las fronteras del Estado, de pertenecer y pertenecerle a ella, para luchar por ella en el momento que así lo requiera, para engendrarla a través de una nueva Constitución y cultivarla todos los días.
Seny Hernández Ledezma. Profesora
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