Reflexión

El documento que contiene los Lineamientos generales para la elaboración del proyecto de Ley Orgánica de la Cultura, presentado por el Conac, mueve a la reflexión a Sandra Caula, quien advierte que para "proponer políticas, el intelectual no puede ser un proveedor de esperanzas", sólo puede ayudar a distinguir entre lo mejor y lo peor. Por otra parte, Freddy Castillo Castellanos encuentra necesario un "amplio debate en el que podamos evaluar experiencias de antaño y de hogaño"


Collage Adriana Franklin

Comentarios y advertencias sobre un proyecto

Confieso que me produce una gran desconfianza toparme con unos Lineamientos generales para la elaboración del proyecto de Ley Orgánica de la Cultura, que llevan por lema, convertido en título principal, La cultura para construir y profundizar la revolución.
Formulado así el asunto, presiento que se lo ha desarrollado conforme al gusto, que ya es tradición entre nosotros, de empezar cualquier cosa criticando y barriendo todo lo anterior; pensando que los de antes han sido incapaces de hacer absolutamente nada y asumiendo que los que vienen serán capaces de resolver absolutamente todo; despreciando lo que existe y suponiendo necesario cambiarlo todo desde el principio. Así, lo cierto es que terminamos llevándonos por el medio lo poco que modestamente, reparando en nuestra realidad y limitaciones, gracias al sentido común y a cierto instinto de sobrevivir, a pesar de las "revoluciones", se ha ido construyendo.
Si esto ha sido perjudicial para el desarrollo de una institucionalidad y una ciudadanía en Venezuela, no creo que pueda aportarnos ningún bien cuando nos proponemos es formar ciudadanos cultos, cualquiera que sea la forma en que esta expresión pueda entenderse. Porque si la cultura es cultivo, es lograr un cierto espesor del alma hecho de capas y capas reflexivas de experiencia con las formas estéticas y culturales, no veo cómo podría ayudarnos a ello una tradición de rupturas. Sobre todo si éstas se hacen cargadas de odio, de sentimientos de inferioridad, de resentimientos y rechazo radical, queriendo lograr algo que supuestamente "debe ser", pero que siempre es demasiado extraño o demasiado ambicioso como para que cuaje en nosotros.
En fin, que ese título (a pesar de que los autores han tenido el recato de no plagarlo de las mayúsculas subjetivas que llenan las formulaciones de nuestros grandiosos proyectos, lo cual no es poca cosa) me suena demasiado a Gran Venezuela. Me suena demasiado a complacer megalomanías y a proponerse quimeras. Y mi intento fallido de leerlo (fallido porque su lenguaje abstruso, plagado de la acomplejada terminología técnica al uso de sociólogos y abogados, me hizo difícil pasar de las primeras páginas) termina de instalarme en mi resistencia y por apuntalar mi desconfianza. Eso, a pesar de que -lo confieso- los primeros pasos de este proceso, los nombramientos hechos, afortunadamente en su mayoría no parecen tan "revolucionarios".
En pocas palabras, mi recelo es este: ¿Por qué estos señores no dijeron lo que se proponen hacer con sentido común, claridad y sencillez? Sospecho que se debe a que, como ya es tradición en nuestros formuladores de cambios radicales, ellos también desprecian el sentido común, la claridad y sencillez. No se proponen entonces nada sensato, claro y sencillo. Que justamente, creo, es lo que nos conviene hacer cuando tenemos tan poquito como nosotros en el campo institucional y cultural.
Yo entonces, me atrevo a hacer dos advertencias a quienes emprenden este trillado camino de cambiar todo y comenzar de nuevo, ahora sí, definitivamente. La primera, es que tengan cuidado con la tentación de la utopía. Y eso se relaciona con las expectativas que se suele tener de los intelectuales en estos procesos. Una utopía es la concepción de un estado ideal para la humanidad y el intento de establecerlo en la tierra. Siempre han existido utopías, desde luego. Pero para unas tradiciones han tenido como función educar las inteligencias para analizar el mundo, mientras que para otras han servido para fundar planes tecnocráticos.
Los intelectuales modernos se han sentido a menudo conminados a crear o alimentar nuevas utopías. Sobre eso deberían nuestros revolucionarios reflexionar. ¿Es verdad que les corresponde fundar la fe en un proyecto social determinado y justificar los sacrificios que se derivan de su desarrollo? ¿El anhelo de las utopías (establecer el reino de los cielos en la tierra) es realizable o deseable? Yo optaría por decir que, si algo debe hacer el intelectual, es tratar de inducir a una conciencia lúcida sobre las limitaciones propias de la condición humana para alcanzar la solución de todos sus males. Es decir, no tiene por qué propiciar el surgimiento de la moral del creyente que se acoge fielmente a un dogma, ni el conformismo con un estado de cosas dado. Para evaluar o proponer políticas, el intelectual no puede ser un proveedor de esperanzas ni un defensor del soberano bien, sino alguien que sabe que, como en lo humano no cabe ni el bien ni el mal absolutos, sólo puede ayudar a distinguir entre lo aceptable y lo inaceptable, entre lo mejor y lo peor. Y su compromiso, si acaso lo hubiere, es educar en este sentido.
La segunda advertencia, es que se tenga cuidado con promover una escisión demasiado radical entre cultura y vida cotidiana, o entre tradicionalismos y universalismos, y un maniqueísmo al concebir las relaciones entre estas alternativas. Se refiere entonces al ciudadano que se quiere contribuir a formar.
Y aquí hay que recelar entonces de "los gritos de Casandra", de las quejas de Occidente entero, contra la supuesta decadencia de la cultura seria o la desaparición de las tradiciones culturales regionales. En especial, de nuestra versión tercermundista contra la globalización y de la defensa impostada de una identidad cultural que no tenemos. De la condenación resentida de los centros comerciales, la televisión, los supermercados, las computadoras, la tecnología y una larga serie de etcéteras.
Este discurso se manifiesta en la moda del relativismo cultural y en el elogio de la diferencia que está muy presente en los Lineamientos que dan origen a esta nota.
No puedo negar que cuando paso frente al Sambil siento que hay algo de verdad en ello. Sin embargo, no estoy segura de que la solución adecuada sea asignarle un puesto de honor a la cultura, en el sentido más elevado del término, ni dedicarnos al rescate de unas tradiciones y una identidad que hace tiempo han dejado de ser significativas para nosotros. Ni mucho menos, me parece prudente denigrar de la cultura, así entendida, en defensa de la realidad político-social, ni tomar como bandera política un nacionalismo empobrecedor en ese campo que naturalmente tiende al universalismo.
Plantear el problema como una elección entre la cultura y la vida, entre la realidad material y concreta y la espiritualidad y la belleza, o entre lo regional y lo universal, es simplificar un debate mucho más complejo.
¿Vida cotidiana y vida intelectiva o cultural en verdad se enfrentan y se trata de optar por promover una u otra? ¿Puede decirse lo mismo de las culturas tradicionales frente a la globalización? Tomando en cuenta las diferencias entre estos dos problemas, que las hay, creo que la respuesta es no en ambos casos.
La oposición donde el arte está en los antípodas de la gris rutina cotidiana, donde el artista incomprendido enfrenta a su público burgués, donde el lenguaje poético y culto se enfrenta a la lengua común, o donde las culturas tradicionales deben resistir una globalización avasallante, me parece una herencia romántica poco útil.
La verdadera alternativa es la contraria. Esa en la que el pensamiento y la vida, o lo propio y lo ajeno, se impregnan y fecundan mutuamente en lugar de oponerse y excluirse. Lo más enriquecedor, me parece, es optar por un ideal de armoniosa continuidad entre lo material y lo espiritual, por un diálogo entre lo nacional y lo universal. Y no tener que optar, de manera excluyente, por un ideal aristocrático o plebeyo o una cultura nacionalista o universalista.
¿Puede la alta cultura, o la cultura regulada y promovida por el Estado de acuerdo con un proyecto político, promover la verdadera formación y el enriquecimiento personal de los individuos? No lo creo. No me parece deseable, ni realista, santificar el arte y despreciar lo cotidiano. Y tampoco satanizar lo mejor de la cultura universal, o los indetenibles progresos de la industria de la comunicación, la tecnología, el espectáculo y el entretenimiento, a favor de una impostada, hierática y muerta identidad nacional.

Sandra Caula. Ensayista

La Constitución postergada

No es fácil resistir la tentación de aludir a la patética "revolución cultural" de estos días, pero hagamos el esfuerzo y dejemos que las hojas de ese suculento rábano sean tomadas por los buenos cronistas de los disparates criollos. Esta vez nos ocupa la necesidad de un verdadero cambio en "el sector", cuyas pautas han sido claramente trazadas en la nueva Constitución de la República.
Lo primero: quienes tienen responsabilidad en la conducción del centralizado aparato cultural del Estado se están "haciendo los locos" con la aplicación del programa constitucional. Si no, ¿cómo explicar la absurda coexistencia del despacho de un viceministro (mal llamado Viceministerio) con el vigente principio de autonomía de la administración cultural pública? Piénsese, además, que no estamos en presencia de la cómoda perpetuación de un modelo derogado, sino de algo peor: de una programada involución. Así, el paquidérmico Conac, por su carácter de instituto autónomo, luce mucho más avenido con el nuevo esquema, que el pomposo pseudoviceministerio. Nada más lejos de la ruta autonómica y descentralizadora que el camino tomado por ese anacrónico despacho: concentración de poder en una instancia unipersonal y descarado desacato a decisiones que representaban el inicio de un cambio importante. Me estoy refiriendo a la instalación de los Consejos Estadales de Cultura y Patrimonio, aprobada por el extinto directorio del Conac en el mes de mayo de 2000 y que de manera abrupta y autoritaria fue suspendida sin explicación racional alguna. Después de su clamorosa apertura merideña, este programa, que comportaba un importante avance en el traslado de competencias a los estados y municipios, fue paladinamente suprimido. Desconozco si alguna caricatura del mismo ha sido puesta en práctica. Espero que no. Es preferible la inacción ("cordura", según Borges) antes que la grotesca producción de un Golem "tosco y anormal", por parte de algunos impostores.
Lo segundo: "el sector" (para seguir usando la jerga administrativa) no se ha percatado a ciencia cierta del rumbo que le marca la Constitución. Es urgente superar ese despiste, muy propio de una comunidad que ha resultado ser más pasiva de lo que sus proverbiales querellas internas hacían suponer. Se agrega a ello el lastimoso espectáculo del silencio cómplice que protagonizan algunos enterados de la inepcia e irresponsabilidad reinante o la alcahuetería disfrazada de "corrección política" de quienes a la hora de ser interpelados sobre algún evidente despropósito, emplean lo que González Prada llamó "el arte infame de hablar a media voz". Sin un descarnado análisis de lo que tenemos enfrente, no podemos proponer soluciones válidas y radicales. Sin el sano y fecundo disenso, no habrá consenso legítimo.
Es imprescindible en este momento un amplio debate en el que podamos evaluar experiencias de antaño y de hogaño, así como deslindar y determinar los conceptos básicos de una política cultural fundada en las cláusulas de nuestra novísima Constitución. De esa manera, exploraríamos los cauces para una vigorosa transformación de la institucionalidad cultural, cuyas piezas claves han de ser la autonomía y la descentralización. A propósito, observo con preocupación que esta última aparece bastante disminuida como opción en el documento publicado por el Conac bajo el nombre de Lineamientos generales para la elaboración del proyecto de Ley Orgánica de la Cultura. ¿La supresión del programa de los Consejos Estadales no tendrá que ver con cierta aversión a la transferencia de potestades del poder nacional a las regiones? Algunos expertos también excluyen el desideratum de la descentralización, como si la cultura quedase reducida a cuatro artículos de la Carta Magna. No debemos olvidar que ésta no es una suma de fragmentos, sino un cuerpo normativo unitario. Así, su artículo 158 establece que la descentralización es una política nacional y no una mera técnica de redistribución de competencias. Pero no se quedó ahí el constituyente. Además de fijar la obligación descentralizadora hacia los estados y municipios, tuvo el buen tino de incluir un dispositivo (artículo 184) que le otorga a las comunidades y grupos vecinales la posibilidad de gestionar directamente servicios como el de la cultura. ¿Han revisado esa norma los "expertos del Consejo de Asesoría Jurídica del despacho del viceministro?" (si nos guiamos por el citado documento del Conac, esta pregunta termina siendo retórica). El aludido precepto es, sin duda, una herramienta extraordinaria para desarrollar el principio de participación cultural, tan relevante en la Constitución. Conforma al lado de las cláusulas autonómicas y descentralizadoras un régimen jurídico que nos aproxima bastante a un Estado de Cultura, soñado por algunos ilustres venezolanos de las primeras y sucesivas repúblicas.
Si de "interesadas" omisiones se trata, consigno otra. A la hora de abordar el tema de la llamada "Ley de Mecenazgo", el discurso prevalente da la impresión de que se fundamenta sólo en una norma: la contenida en el artículo 100. Con base en la misma, el sector económico privado parece clamar en nota de "sinfonía en gris mayor": "¡Estimúlenme, incentívenme!", como si la cultura tuviera que ganarse siempre con regalos especiales el derecho a ser apoyada. ¡Ojo! Revísese otro dispositivo básico de la Constitución, antes de regular la materia. Me refiero al artículo 135 que permite imponerle a los particulares, según sus recursos, determinadas obligaciones por razones de solidaridad, en aquellos servicios que con fines de bienestar social presta el Estado. ¿Debemos excluir a la cultura de esa posibilidad? Este tema debe formar parte del libre debate propuesto y no limitarnos a la copia mecánica de normas fiscales foráneas, con el nombre de la Ley incluido ("Mecenazgo"), sin cuestionar su pertinencia. Sin menoscabar la línea maestra de los necesarios incentivos al sector privado, la carta de la ética debe aparecer en la mesa de la discusión. Si la solidaridad se estimula con desgravámenes inexorablemente deja de ser tal. Una armoniosa conciliación de las dos normas y un amplio análisis de las diversas situaciones, facilitará un "mecenazgo" de mayor cobertura.
No podemos seguir postergando la aplicación de la novedosa constitución cultural con que contamos. Una visión contextual de la misma puede impulsar desde ahora un proceso donde la cultura sea para el país el centro que nunca ha sido. No es con adscripciones a un ministerio determinado o con fusiones mecánicas de institutos que lograremos avanzar. Retomar los aportes de una tradición olvidada (la escuela, la casa, la plaza y el barrio, como ámbitos de la cultura) desde una perspectiva amplia y no meramente funcional o burocrática y dialogar con el pasado sin ningún afán destructivo, puede hacernos mejores seres humanos, aunque quizá no nos haga "revolucionarios". Me conformo con lo primero.

Freddy Castillo Castellanos. Ensayista